El Ministerio de Fomento ha confirmado este martes que "está hablando" con Unidos Podemos y otros grupos parlamentarios sobre la posibilidad de elaborar un nuevo real decreto ley con medidas sobre vivienda y alquiler, que sería heredero del que la formación morada echó por tierra en el Congreso en enero porque no había medidas para regular el precio de los alquileres.

Fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos han confirmado que "se está estudiando un posible real decreto" después de que la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, indicara en el Congreso que están de nuevo "en un proceso de negociación" con Fomento para que se aprueben medidas sobre vivienda y alquiler.

Montero ha indicado que su grupo "nunca" ha abandonado el contacto con Fomento "para bajar el precio de los alquileres", pero ha insistido en mantener la "prudencia" sobre la conclusión de esta negociación que, según el Ministerio, abarca a más grupos parlamentarios.

Según ha dicho la portavoz de Unidos Podemos, un real decreto ley sobre vivienda y alquiler sí contaría con el apoyo de su grupo para ser convalidado en la Diputación Permanente del Congreso, el órgano sustituto del Pleno a partir de la disolución de las Cortes el próximo 5 de marzo, al que el Gobierno ya ha anunciado que llevará decretos sobre medidas sociales para su convalidación.

En el caso de que fructificaran los contactos que mantiene Fomento con Podemos y otros grupos y se convirtieran en un real decreto ley que contara con una mayoría para ser convalidado en la Diputación Permanente, el Congreso daría la vuelta a la situación que se creó en enero, cuando los diputados tumbaron un real decreto de Fomento con medidas urgentes para la vivienda y el alquiler que no incluía ningún mecanismo para evitar las subidas desproporcionadas de los alquileres.

Esta era una medida clave para Podemos y el motivo último por el que con su voto, unido al de ERC, inclinó la balanza para que el decreto fuera tumbado en el Congreso. Así, decayeron medidas como la ampliación de la duración de los contratos de alquiler, que pasarían de tres a cinco o siete años o la limitación de las fianzas a dos mensualidadades pagadas en metálico.

Unidos Podemos exigía que el decreto contemplara una de las medidas que figuraban en el capítulo relativo a vivienda del pacto presupuestario y político que firmaron en octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, relacionado con la posibilidad de limitar los alquileres en zonas especialmente tensionadas.

El pacto entre Sánchez e Iglesias contemplaba que se trasladaría a los ayuntamientos la competencia para hacer unos índices de precios en función de los cuales determinar si existen zonas donde se están produciendo "subidas abusivas" de los alquileres para, en ese caso, introducir algún tipo de limitación.

El primer decreto del Gobierno no incluyó esta medida, bajo el pretexto de que otros grupos podrían no querer apoyarlo. Como aludido, el PdeCAT apuntó que habría estado dispuesto a apoyar la regulación de precios siempre y cuando esta fuera a nivel autonómico.

En todo caso, el decreto estuvo en vigor apenas un mes y decayó ante la imposibilidad del Gobierno y Unidos Podemos de encontrar una fórmula satisfactoria para ambos que ahora vuelven a intentar encontrar de cara ya a las actividad de la Diputación Permanente.