Un total de 23 atentados mortales de ETA vinculados con Navarra siguen sin esclarecerse en la actualidad o sus autores no han sido condenados, según un informe sobre la situación procesal de los atentados mortales de la banda terrorista en la Comunidad foral y los cometidos fuera sobre personas vinculadas con Navarra.

En total, son 49 los atentados mortales de ETA cometidos en la Comunidad foral (35) o fuera con víctimas navarras (14) desde 1972 a 2009 con un total de 56 víctimas. De ellos, se han esclarecido 26, que cuentan con sentencia condenatoria de los autores.

Asimismo, seis se han esclarecido de forma parcial, de modo que se ha condenado a cómplices pero no a los autores; tres se encuentran en estos momentos en tramitación; 13 están sin resolver y en uno de los casos el esclarecimiento es imposible por la aplicación de la ley de Amnistía de 1977.

Así se recoge en un informe presentado este lunes por la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno foral, Ana Ollo; el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar; y el autor del trabajo, Ignacio Pérez Macías, profesor asociado de Derecho Internacional Público de la Universidad Carlos III de Madrid.

En su intervención, la consejera Ollo ha defendido que durante esta legislatura el Ejecutivo foral "ha trabajado cada víctima en su propio contexto histórico, normativo y victimológico, sin mezclar, sin diluir, sin equiparar y sin comparaciones de unas víctimas con otras". Y ha asegurado que en el ámbito de las víctimas del terrorismo "hemos dado pasos significativos".

En este sentido, ha destacado que "una de las líneas de actuación ha sido la elaboración de informes desde una doble perspectiva, informes internos para la propia dirección general, que busca la eficacia y eficiencia de las políticas públicas; e informes públicos que visibilizan la realidad de las consecuencias del terrorismo".

Por su parte, el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, ha puesto en valor el "rigor" del trabajo realizado por el profesor Ignacio Pérez Macías y, en esta línea, ha remarcado que los informes encargados para "aportar luz sobre el trabajo han sido siempre en colaboración con el mundo universitario, buscando grupos de investigación en distintas instancias universitarias".

Según ha indicado, son cinco los informes en materia de terrorismo encargados durante la legislatura. En primer lugar, se impulsaron sendos informes sobre las víctimas mortales de ETA en Navarra y las personas que resultaron heridas en atentados terroristas, que fueron realizados por Javier Marrodán, profesor de la Universidad de Navarra y coordinador de la obra Relatos de Plomo.

El tercer informe es sobre las amenazas y extorsión al empresariado navarro, encargado a un grupo de trabajo en la Universidad Pública de Navarra y que se conocerá en "unos meses"; y también se ha encargado otro estudio sobre el terrorismo de extrema derecha en Navarra, que elaborará un equipo de la Universidad Carlos III.

Sobre el informe de la situación del proceso penal de los atentados mortales de la banda terrorista, ha remarcado que con el mismo se quiere "conocer esa realidad y esa dimensión que de una manera tan insistente y contundente las víctimas y las asociaciones de víctimas han reivindicado". "Necesitábamos conocer cuál era la situación procesal de cada uno de los atentados para conocer la verdad judicial que ahora mismo se había asentado", ha remarcado.

RESARCIMIENTO ECONÓMICO

En este mismo sentido, el profesor Ignacio Pérez Macías, autor del informe, ha puesto de manifiesto la importancia de que la sociedad "tenga especial conciencia de lo que fue el terrorismo de ETA aunque estemos en una situación de anuncio definitivo de cese de la violencia". "Indiscutiblemente forma parte de la historia de nuestra democracia reciente y la sociedad debe tomar nota de hasta qué punto se ha respondido judicialmente por los hechos. Las víctimas del terrorismo no quieren olvidar, exigen memoria", ha manifestado.

Asimismo, ha remarcado que el informe llama la atención sobre "la diferencia del sistema desde el punto de vista del resarcimiento" de las víctimas. Según ha indicado, aunque España cuenta con "uno de los sistemas normativos más avanzados en materia de víctimas del terrorismo", existe una diferencia entre las víctimas que tienen atentados con sentencia y las víctimas que no lo tienen en lo que se refiere a la reparación económica.

De este modo, los atentados terroristas mortales con sentencia cobran los máximos que establece la legislación y han accedido a los topes de la reparación material (500.000), mientras que los casos que están aún sin resolver y sin sentencia han cobrado el baremo mínimo (250.000 euros).

"Ante un mismo hecho, como es un atentado terrorista, existe una respuesta desigual por parte de la administración", ha remarcado el profesor, quien ha destacado que le consta que gracias al movimiento asociativo y las víctimas se está trabajando un nuevo proyecto legislativo que "elimine esta diferencia".

RELACIÓN CON ANVITE

En otro orden de cosas, la consejera Ollo ha sido preguntada por la relación existente entre el Gobierno foral y la Asociación Navarra de Víctimas del Terrorismo de ETA (Anvite), y ha asegurado que "estamos trabajando con ellos".

"Recientemente tuvimos una reunión en la que esta asociación y otras participaron y expusieron sus puntos de vista. Entendemos sus críticas y no vamos a valorarlas, seguimos trabajando con ellas", ha declarado Ollo, para incidir en que "el trabajo sigue con las asociaciones, también con Anvite".

Ha destacado, además, que el informe sobre la situación procesal de los atentados, basado en una documentación "más extensa", "se va a trabajar con las víctimas, con la posibilidad de hacer informes personalizados que les ayuden en sus casos particular".

Por otra parte, preguntada por la "desactivación" de la página web de Relatos de Plomo, la consejera ha afirmado que "la web está colgada de nuevo desde hace más de un año" y ha manifestado que el Gobierno foral "no la desactivó, era una página que pertenecía a una empresa que en un momento determinado la desactivó ella misma".