EH Bildu e Izquierda-Ezkerra han defendido la constitucionalidad de la proposición de ley foral de reconocimiento a las víctimas de violencia de funcionarios públicos o grupos de extrema derecha, que también apoya Geroa Bai si bien este grupo ha señalado que le "preocupan" los informes jurídicos que ven inconstitucionalidad en el texto.

La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra se han dado por enteradas este lunes del dictamen 8/2019, emitido por el Consejo de Navarra, que considera que podría haber inconstitucionalidad en la proposición de ley foral de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

El parlamentario de UPN Carlos García Adanero ha señalado que "se debería retirar o si no enmendar" la ley para "eliminar las cuestiones susceptibles de ser inconstitucionales". "Nos parece una irresponsabilidad del Gobierno de Navarra, que le dio el visto bueno a la ley", ha dicho, para insistir en que es un "despropósito" que "pone de manifiesto que el Gobierno utiliza la institución de forma partidista". "Pediremos responsabilidades si la ley sigue su curso", ha expuesto.

Por su parte, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha señalado que les "preocupa" que tanto los letrados del Parlamento como el Consejo de Navarra digan que puede haber inconstitucionalidad en la ley porque "esta ley está bastante aguachinada" y "se ajusta bastante o todo a lo que entendemos decía la sentencia del Tribunal Constitucional". Ha manifestado que "hay que analizar este tema más en profundidad".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha indicado que "se ha hecho una lectura distinta por parte del Consejo de Navarra ya que reconoce que con esa doctrina constitucional se imposibilita alcanzar ningún tipo de verdad". Ha defendido que "esta ley ha depurado esas posibles y dudosas interferencias que se producían con la anterior ley" y que "no se puede aplicar a esta proposición de ley la lectura que hizo el TC de una ley que tenía otro enfoque". "Tal y como está, la ley debería superar el test de la doctrina del TC sobre la ley anterior", ha insistido.

La parlamentaria del PSN Inma Jurío ha señalado que "es una ley que viene a copiar artículo por artículo aquellos artículos de la ley vasca que fueron suspendidos". "Creemos que la proposición de ley no recoge el espíritu del acuerdo en el País Vasco y el Consejo de Navarra dice que no se ajusta a la constitucionalidad", ha expuesto, para considerar "grave" que desde partidos del cuatripartito "se obvie el informe de expertos en la materia". Ha dicho que trabajarán para que haya enmiendas que "mejoren" la ley y "si tenemos dudas o informes en contra, nosotros votaríamos en contra".

Desde el PPN, Ana Beltrán ha exigido la retirada de la ley tras los informes de los letrados del Parlamento y del Consejo de Navarra. "No se puede votar en el Parlamento una ley con informes jurídicos que dicen que puede ser inconstitucional", ha expuesto, y ha esperado que el Gobierno no la apoye. "Hay que preservar la seguridad jurídica y esta ley puede ser un coladero de denuncias falsas, en lo que es experto Bildu-Batasuna", ha comentado.

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, se ha mostrado "convencida" de que el texto que han presentado es "constitucional" y "respeta al poder judicial". "La ley no incorpora ningún elemento que pueda suponer una intromisión en cualquier proceso jurídico y penal", ha manifestado, para indicar que estudiarán, en el proceso de enmiendas, "si hay que matizar más esta cuestión".