La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suspendido la atención a niños que son víctimas de abuso sexual y no están en situación de desamparo; una situación que podrían estar afectando a más de una veintena de menores y sus familias en lo que va de año.

El Programa de información, diagnóstico y evaluación de menores víctimas de abuso sexual infantil, conocido como Proyecto Luz, atendía, hasta ahora, a todos los niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales.

Sin embargo, ahora pasará a atender únicamente a los menores que se encuentren en situación de desamparo, ya que debido al excesivo volumen de trabajo se ha saturado.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades asegura que "en el ánimo de ofrecer una atención integral a cualquier víctima de abuso, desde distintos ámbitos se ha solicitado la intervención de los profesionales del Proyecto Luz, más allá de las competencias propias del servicio, que son los menores en situación de desprotección (riesgo y desamparo)".

Según la Consejería, el hecho de solicitar peritaciones de menores que no estaban en dicha situación y aceptar los casos "ha dado lugar a un volumen que excede la capacidad de atención del servicio".

Desde dicho departamento aseguran que el programa continuará prestando su servicio, circunscrito a las competencias propias del ámbito de protección de menores, de manera que aquellos casos que no se encuadren en dicha competencia se derivarán al órgano o entidad competente.

En el caso de la peritación de las víctimas que no se encuentren en situación de desprotección, la Consejería ha explicado que "se realizará por el Instituto de Medicina Legal, que es el órgano competente".

A tenor de esta situación, la presidenta de la Asociación Murciana de Apoyo a la Infancia Maltratada (Amain), Juana López, ha advertido de que el sistema de salud mental infanto-juvenil "no está preparado para atender a menores víctimas abuso sexual".

Hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años los casos detectados en el Proyecto Luz se han duplicado, mientras que desde 2015 y hasta diciembre de 2018 se han atendido 932 menores. Los expertos denuncian que la Comunidad "no ha aumentado el personal dedicado a evaluar el testimonio y atender a las víctimas".

El objetivo del programa, puesto en marcha en 2002, es "la valoración y tratamiento de menores que han sido víctimas de abuso sexual infantil, dentro de las competencias del servicio de protección de menores y entendido como la forma más grave de maltrato".

Dirigido a la atención de niños y adolescentes con sospecha de estar siendo objeto de abuso sexual infantil, dispone de un equipo de seis psicólogos especializados en la investigación y evaluación de casos de abuso sexual infantil. Amain y expertos han reclamado un mayor número de profesionales, ya que "el programa se concibió para atender a todos estos niños, se encuentren o no en situación de desamparo".

El hecho de que ahora, por el colapso que ha sufrido, sólo vaya a atender a niños en situación de desamparo ha despertado las quejas en los colectivos afectados, porque el programa "tiene que ser para todos los menores y si tienen que dedicar más recursos y añadir más profesionales lo hagan", manifiesta López.

"El hecho de derivarlos a un sistema que no está preparado, no solo por los profesionales, sino por el propio sistema de salud infanto-juvenil" puede conllevar consecuencias negativas para el menor, víctima de estos abusos, puesto que se corre el riesgo de que se victimice, dice López.

Según ha podido saber Europa Press, "hay retrasos de incluso tres años en la emisión de informes periciales y supresión del programa de ayuda psicológica a menores víctimas de abusos sexuales".

Esto está causando un "grave perjuicio psicológico y jurídico tanto a estas víctimas, como sus familiares e incluso los presuntos acusados". Según las fuentes, "está incurriendo en un grave maltrato, en este caso institucional, precisamente la entidad pública que debe velar por la protección de los menores de la Región frente al maltrato en cualquiera de sus tipos".

Según expertos en la materia, estos informes "son cruciales en la resolución judicial de estos casos y también en la clarificación de los hechos para las propias familias, cuando el presunto abuso se ha producido en el propio medio familiar o entorno cercano, que son los casos mas frecuentes".

Habitualmente, el presunto abusador, que es un varón en la inmensa mayor parte de los casos, "es una persona muy cercana a la presunta víctima, y tener una valoración del testimonio de la víctima es determinante para protegerla y ayudarla psicológicamente, además de ayudar a la familia a replantear sus relaciones familiares y sociales para evitar nuevos sucesos".