Los 'zombis' de esta empresa pública de construcción de infraestructuras -Ciegsa- fueron personas con algún tipo de contrato que "jamás" trabajaron para la entidad, pero que recibían mensualmente, a cargo del erario público, una retribución en concepto de nómina.

Según ha señalado el PSPV en un comunicado, han realizado este hallazgo a partir de la documentación puesta a disposición de los grupos parlamentarios de Corts Valencianes en el marco de la comisión de investigación del caso Taula, que ha permitido acceder al listado de trabajadores y trabajadoras de la Fundación Jaume II el Just.

Para Martínez, esta situación evidencia cómo "el Partido Popular utilizaba las administraciones de todos los valencianos y valencianas para beneficio propio y de sus afines". En este caso, "tres trabajadoras de la fundación cultural lo fueron también de la empresa pública Ciegsa en periodos consecutivos", aseguran desde el PSPV.

Martínez ha señalado que "otra vez podemos ver como el Partido Popular no ha gobernado pensando en los valencianos, sino en sus propios intereses, utilizando las instituciones para colocar a su gente sin molestarse ni en disimular", y ha recordado que "la gestión del gobierno del Partido Popular ha sido una vergüenza que continuamos pagando toda la sociedad valenciana, va a resultar muy difícil saber cuanto dinero hemos perdido en sus desmanes" ha sentenciado.

TRES PERSONAS CONTRATADAS

Una de las personas que ha destacado el PSPV tuvo contrato en la Fundación Jaume II el Just desde diciembre de 2004 hasta el 15 de julio de 2007. El 12 de julio de ese mismo año, Máximo Caturla "autorizó su contratación para Ciegsa a través de una ETT para realizar tareas administrativas con una retribución muy similar a la que percibía en la Fundación". En la Fundación tenía contrato de alta dirección, en Ciegsa un contrato de categoría administrativa.

Otra de ellas estuvo contratada por la Fundación con un contrato de alta dirección desde noviembre de 2006 hasta el 12 julio de 2007. El 10 de julio de ese mismo año, el señor Caturla "autoriza su contratación para Ciegsa a través de una ETT como oficial administrativa y recepcionista con un salario neto anual de 25.200 euros". "Trabajó para Ciegsa hasta que en 2008 el Conseller Font de Mora la nombra directora de su gabinete", ha manifestado.

La última de ellas "trabajó para Ciegsa con un contrato de alta dirección desde agosto de 2002 hasta el 6 de julio de 2007, momento en que pidió la baja voluntaria de la empresa". Tres días después "se autorizó una nueva contratación para Ciegsa a través de una ETT con una categoría de oficial administrativa y con un salario superior al que tenía

anteriormente". Meses más tarde, en diciembre de 2007, denuncia el PSPV que esta persona "fue contratada por la Fundación Jaume II, donde permaneció hasta 2010, de nuevo con un contrato de alta dirección".

Martínez ha indicado que "nadie recuerda a estas trabajadoras, algunas de ellas con funciones de responsabilidad dentro de la Conselleria de Cultura y Educación", que "manifiesta haber trabajado como coordinadora de prensa para el gabinete del Conseller Font de Mora desde el 2004 hasta el 2012".

En opinión de Carmen Martínez, "el partido Popular ha gobernado las instituciones valencianas como si fueran su propio cortijo, poniendo y quitando trabajadoras, adjudicando contratos unilateralmente sin ningún tipo de control y desviando fondos para el partido según declaran sus mismos exdirigentes".

Ahora, "además de las comisiones, los sobrecostes y el despilfarro, tenemos que añadir los sueldos impropios; va a resultar muy difícil llegar a saber la cantidad de millones que nos han robado a la sociedad valenciana", ha manifestado.