València en Comú llevará al pleno municipal "una propuesta de moción para que se paralice temporalmente la tramitación del proyecto de la Zona de Actividades Logísticas de la Punta", ha informado la formación en un comunicado.

"Mientras que este abierto el procedimiento judicial, no convendría tomar decisiones irreversibles sobre el particular, ya que existen dos antecedentes en los que los tribunales han ordenado empezar de nuevo el proceso", ha declarado la portavoz y candidata de Podem a la alcaldía, María Oliver.

Así, Oliver ha señalado que consideran "que es posible abrir una nueva oportunidad para que la ciudad ponga en valor su entorno natural y reconsidere una decisión que puede volver a ser tumbada en los tribunales".

València en Comú ha indicado que "la construcción del polígono estuvo plagada de irregularidades desde el principio, empezando por la expropiación forzosa de los vecinos de La Punta". El pasado junio, un estudio de la Universidad de València, elaborado por la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la UV y dirigido por Ruth Mestre, concluía que "se violentaron cuatro derechos fundamentales de las personas desalojadas: el derecho a una tutela judicial efectiva, a la vivienda, a la vida familiar y privada y a la participación política".

Por otro lado, el proyecto, en el que se han invertido 160 millones de euros, ha estado sin uso por las irregularidades en la tramitación urbanística del proyecto, tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat en el año 2013, y después por el Supremo en 2015. "Desde València en Comú entendemos que este nuevo plan para la ZAL no atiende las directrices territoriales de la legislación actual, tal como pedía la sentencia del TS de 2015 que lo anuló", ha manifestado Oliver.

Desde València en Comú, han señalado que "podemos estar ante la pérdida de una oportunidad histórica para conectar el Jardín del Turia y El Saler". Además, "desarrollar la ZAL pone en peligro l'Horta de Rovella, que quedará aislada y desconectada del resto del agroecosistema, lo que la condena a la degradación y probable desaparición". "Esta situación implicaría la pérdida automática del reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad que ahora tiene el Tribunal de las Aguas", han agregado.

"Por todo ello desde València en Comú vamos a pedir la paralización temporal ante la inseguridad jurídica que se puede generar si se admite a trámite la denuncia ciudadana en curso. Esperamos que nuestros socios de Compromís, que en su programa electoral para la ciudad de València defendían que esos terrenos fueran considerados como colector ecológico con un proceso de participación pública para definir sus usos, respalden la paralización temporal", han manifestado.