A expensas de la familia Franco, del Tribunal Supremo y del prior de la Basílica del Valle de los Caídos. El Gobierno considera que ha hecho ya todo lo que tenía que hacer en el "procedimiento administrativo" con "todas las garantías" para exhumar los restos del dictador, pero casi a final de la legislatura el plan para sacarlo del Valle de los Caídos choca con obstáculos que han llevado a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, a apuntar por primera vez que quizá no pueda llevarse a cabo. "Si el Gobierno tiene tiempo, procederá", ha dicho.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros d este viernes, Celáa se ha empleado a fondo en asegurar no sólo que el Ejecutivo "ha cumplido con su mandato" para diseñar y dar seguimiento a un procedimiento administrativo totalmente respetuoso con la familia Franco. También ha asegurado que "no hay ninguna duda de que el Ejecutivo tiene facultad para exhumar los restos de Franco".

No obstante, no ha podido dar una respuesta concreta ni a cuándo se producirá, si antes de la campaña electoral, o cómo va el Gobierno a entrar en la basílica para exhumar los restos si el prior mantiene su oposición al procedimiento.

"Con estos mimbres hay que hacer el cesto", ha dicho Celáa, que aunque ha insistido en que "lo vamos a hacer, esa es la voluntad de este Gobierno", también ha reconocido que el procedimiento "ha sido largo, más de lo que este Gobierno imaginó" y ha dejado asomar la posibilidad de que no pueda culminar cuando ha indicado que "si el Gobierno tiene tiempo, procederá". "Hasta aquí hemos llegado", ha añadido.

A día de hoy, la exhumación y posterior inhumación de los restos de Franco encuentran dos dificultades reales y una eventual.

A día de hoy, está en vigor el plazo de 15 días hábiles que el Gobierno dio a la familia Franco para que comunique en qué lugar quiere que sean enterrados de nuevo los restos una vez que salgan del Valle de los Caídos. Puede elegir cualquier sitio, a excepción del único que los Franco han indicado de momento, la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid, u otro emplazamiento de la misma naturaleza.

A la espera de que expire un plazo que se inició a principio de esta semana, en el Ejecutivo se da por supuesto que la familia recurrirá al Tribunal Supremo en contra del procedimiento de exhumación. En este caso, podrían suceder dos cosas, una buena para los intereses del Gobierno y otra negativa.

Si el Supremo rechazara el recurso de la familia, el Gobierno volvería a tener vía libre para que continúe el procedimiento, aunque no está del todo claro en qué plazos. Si el Supremo da vía libre a la exhumación, fuentes de La Moncloa apuntaban este viernes a que se daría un nuevo plazo a la familia para que diga dónde quiere que sea la inhumación. Si aun así no indicaran ningún lugar o ninguno que fuera adecuado, sería el Gobierno el que tomaría la decisión.

El problema para los planes del Gobierno se produce si el Supremo, previsiblemente a instancias de los Franco, paraliza el proceso para estudiar la decisión del Ejecutivo.

En ese caso, y aun cuando el tribunal terminara dando luz verde a la exhumación, el final de la legislatura, las elecciones del 28 de abril y la eventual formación formación de un Gobierno de otro signo político, previsiblemente acabarían con los planes de Pedro Sánchez de ser el presidente que sacó a Franco del Valle de los Caídos.

Fuentes de La Moncloa recordaban este viernes que el decreto de exhumación fue convalidado por mayoría absoluta por el Congreso y que ya antes esta Cámara había votado mayoritariamente a favor de la toma en consideración de una iniciativa parlamentaria del PSOE en este mismo sentido. Por eso, las fuentes indican que cualquier otro Gobierno debería dar cumplimiento al decreto, algo que es difícil de imaginar si tras el 28-A se formara un Ejecutuvo del PP, Ciudadanos y Vox.

En paralelo a lo que ocurra en las próximas semanas en el Tribunal Supremo, la ambigüedad de la Iglesia católica sobre esta cuestión no ayuda al Ejecutivo, que tiene ante sí al prior de la basílica del Valle de los Caídos, el monje benedictino Santiago Cantera, que se opone frontalmente a la exhumación. "No se llevarán a Franco. El templo es inviolable", aseguraba hace unos días.

En este punto, El Vaticano ha vuelto a entrar en escena esta semana, con una carta que el Gobierno no quiere revelar íntegramente en la que dijo que no se opone, pero supedita cualquier decisión a lo que decidan los tribunales, es decir, el Supremo.

En el mismo sentido, Cantera indicaba esta semana que "la comunidad benedictina respetará la decisión de la autoridad civil que en este caso no es el poder ejecutivo, sino la autoridad judicial, como recordó el Tribunal Supremo, ya que existe el derecho a recurrir y a solicitar la tutela judicial".

Así, las cosas, es el Supremo en quien recae la decisión final de la exhumación de Franco, porque a este tribunal recurrirá la familia previsiblemente y su resolución es la que acatará la Iglesia y el prior de la basílica.

En cualquier caso, Celáa se ha referido este viernes a la Iglesia para restar importancia que no haya una apoyo expreso por parte del Vaticano porque "reconoce la facultad del poder civil para poder hacerlo y en un Estado de derecho el Ejecutivo tiene la facultad de no seguir manteniendo a un dictador en un lugar de exaltación pública".

Por el mismo motivo, ha descartado que la oposición del prior vaya a condicionar la de la Iglesia al apuntar que "si se sometiera al deseo del prior, tendría un daño de reputación como institución".