El pleno del Consell ha aprobado este viernes la programación de los Controles Financieros Específicos que se realizarán este año desde la Intervención General de la Generalitat. Como fija la ley, se incluyen los centros docentes públicos no universitarios de los que es titular la Generalitat, así como los centros docentes privados concertados, para vigilar el cumplimiento de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana.

El Control Financiero Específico de los centros docentes públicos no universitarios que son titularidad de la Generalitat se realizará sobre la gestión económica del ejercicio 2018, y tiene como finalidad comprobar la situación y el funcionamiento económico de este tipo de centros.

También se inspeccionarán los centros educativos privados concertados, tal como marca la ley, así como los mecanismos y procedimientos establecidos para el control de los gastos de funcionamiento, pagos de nóminas y la gestión de las becas de comedor.

Además, el plan también contempla controles basados en un análisis de riesgos y de los resultados de los planes anuales de auditoría y de control financiero permanente realizados por la Intervención General.

Así, en 2019 se va a incluir un control sobre el proceso masivo de tramitación de propuestas de nómina a determinado personal trabajador laboral fijo que prestaba servicios en el Departamento de Salud de La Ribera.

El objetivo es verificar que ese proceso ha sido correcto, completo y acorde a la normativa vigente. Además, la Intervención General aportará cuantas recomendaciones estime convenientes en aras de mejorar el sistema de control.

Las comprobaciones se realizarán sobre una muestra seleccionada con apoyo de las aplicaciones informáticas específicas de muestreo estadístico de la Intervención General.

Todas estas actuaciones tienen como finalidad el control de la gestión económica y financiera sobre áreas concretas del sector público de la Generalitat, con el objetivo de "promover mejoras técnicas y de procedimiento, así como realizar recomendaciones sobre aspectos económicos, financieros, patrimoniales, presupuestarios o procedimentales cuando se requieran".

Preguntada sobre si ese control sobre los centros concertados se realiza ante la existencia de alguna sospecha, la vicepresidenta, Mónica Oltra, ha explicado que ese control es obligado desde 2008 en el marco de la regulación de los conciertos. "Obligación legal, una potente motivación", ha dicho, remarcando que este Consell hace los controles específicos que marca la normativa y si el anterior no lo hacía habría que preguntarle al PP la razón.