Podemos ha presentado este viernes en el Congreso una proposición de ley para luchar contra las puertas giratorias que incluye penas de cárcel para los "delitos más graves", según ha explicado la diputada y secretaria de Acción Institucional del partido, Gloria Elizo.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Elizo ha presentado la iniciativa como "un emblema casi histórico" de la formación "morada", ya que consideran luchar contra las puertas giratorias como "fundamental para revertir la dinámica de corrupción" en España. No obstante, debido a la cercana disolución de las Cortes (el 5 de marzo), esta proposición no tendrá tiempo para tramitarse en la actual legislatura. El grupo ha anunciado que, previsiblemente, la volverá a registrar en la próxima legislatura.

Una de las medidas principales de la iniciativa es la creación de una "gran entidad del Estado contra la corrupción" para sustituir los actuales organismos "que no sirven", según ha justificado Elizo. Sería una entidad de la que dependerían otras cuatro, la principal de ellas dedicada a la "evaluación y seguimiento de las políticas públicas" para controlar el efecto práctico de éstas en la sociedad.

Podemos quiere también acabar con la "dispersión legislativa" en esta materia y "aglutinar toda la normativa sobre incompatibilidades" en una única ley, además de establecer un código de conducta vinculante tanto en el sector público como privado.

Elizo ha defendido incluir penas de cárcel por el "grave perjuicio a la sociedad" de los traspasos de políticos a la empresa privada, según ha argumentado, y porque en otros países de nuestro entorno, como Francia, "ya existe un tipo penal muy parecido".

Ha pedido a otras fuerzas, como PSOE, Ciudadanos o ERC, que apoyen su proposición porque, según la responsable de Podemos, se trata de una "ley necesaria y básica" para acabar con una "contaminación de intereses durante 40 años".

Según consta en el texto de la iniciativa presentada por Podemos, se prevén penas de entre 3 y 5 años de cárcel cuando altos cargos "realicen o faciliten operaciones con entidades privadas que hayan podido resultar afectadas por decisiones en las que haya participado" este político, en el caso de que el beneficio obtenido sea superior a 120.000 euros.

Otra novedad es la creación, dentro de la estructura de la Entidad de Protección del Estado frente a la Corrupción, de una Unidad de Protección del Estado frente al Mercado de Valores, entidad que se encargaría de la "supervisión de la neutralidad de las relaciones entre el mercado de valores y la esfera pública".

La citada entidad aglutinaría otras ya existentes como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Oficina de Conflicto de Intereses y añadiría dos nuevas, la Unidad de Protección del Estado frente al Mercado y la Unidad de Evaluación de Impacto y Seguimiento de Políticas Públicas.

En cuanto a las sanciones que se podrían imponer, el abanico va de las leves a las muy graves, que incluyen la destitución de los cargos públicos, la obligación de restituir las "cantidades percibidas indebidamente" y la imposición de una multa "del duplo al triplo, del beneficio eventualmente obtenido".

Además, los hechos delictivos se pondrían en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que podría actuar en base al nuevo contenido que la proposición quiere incluir en el artículo 431 del Código Penal, las mencionadas penas de 3 a 5 años de cárcel.