La respuesta preparada por los servicios jurídicos municipales, que fue enviada este jueves, reconoce que la materia de objeto de recomendación es "susceptible de debate", pero reafirma el encaje del reglamento, en toda su integridad, en el ordenamiento jurídico vigente.

De este modo, el Ayuntamiento reitera que el reglamento de usos lingüísticos garantiza los derechos de todos los ciudadanos, incluidas las personas que no dominan la lengua catalana, al mismo tiempo que se observan los preceptos marcados por la Ley de Normalización Lingüística y por el Decreto 49/2018, aprobado recientemente por el Govern, sobre el uso de las lenguas oficiales en la administración de la comunidad autónoma.

En esta línea, los servicios jurídicos señalan que del hecho de que el reglamento garantice el uso habitual del catalán en las actuaciones y comunicaciones del Ayuntamiento no se deriva ninguna discriminación, ya que también se prevé el uso de la lengua castellana cuando así se exige normativamente.