En un comunicado conjunto, ambos sindicatos señala que en el año 2016 la plataforma de bomberos públicos profesionales (USO, CSIF, UGT y CCOO), denunció la creación de un sistema de bomberos voluntarios en Ramales y advirtieron al alcalde "del perjuicio y de la inseguridad" que generaba, pero éste "cuestionó" su actitud y manifestó su voluntad de "asumir toda responsabilidad" ante cualquier actuación de los mismos.

Para los sindicatos, se trata de un servicio de emergencias "falso y peligroso" al disponer de personal que "en ningún momento ha mostrado sus capacidades físicas, de conocimientos y psicológicas".

Por este motivo, consideran que el alcalde debe dimitir, ya que "no es admisible que las carencias se suplan por sistemas que nada tienen que ver con un servicio de bomberos profesional", que "garantiza una respuesta eficaz y segura".

Además, "no es una competencia que deba ejercer un ayuntamiento como el de Ramales, sino un capricho político de un alcalde", que "ha llevado a que el jefe de su agrupación de voluntarios sea el presunto pirómano que ha provocado un daño brutal".

UGT y CSIF defienden que quien pretenda ser bombero debe superar las pruebas físicas, teóricas, técnicas y psicológicas pertinentes, algo que no ocurre con los voluntarios, lo que puede dar a "situaciones de riesgo" para ellos mismos y para los ciudadanos derivados de su "inadecuada" condición, "como parece que es el caso del presunto pirómano", señalan.

Recuerdan que el Gobierno de Cantabria es quien tiene la competencia en materia de bomberos en los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y "debe garantizar" una seguridad universal en Cantabria, ejerciendo "una protección" por bomberos profesionales para todos los ciudadanos independientemente donde se viva.

Por ello, opinan que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, aparte de animar a denunciar a los pirómanos debe "apostar" por invertir en seguridad profesional y "alejarse" de los estándares basados en voluntarios "para no vernos sometidos a estas situaciones" que él mismo ha calificado de "terribles".

Por último, recuerdan que en febrero del 2016, UGT solicitó la creación de parques de bomberos profesionales del 112 en las zonas de Cantabria donde la respuesta profesional "supera los límites lógicos", como Valderredible y el valle de Soba, con el objeto de mejorar el servicio público y profesional de bomberos y agilizar los tiempos de respuesta.

Sin embargo, "el interés político era otro, el patrocinio del parque de bomberos de Camargo a pesar de ser una competencia propia municipal y de producirse un agravio con el resto de los ayuntamientos que pagan sus bomberos al superar los 20.000 habitantes, Castro Urdiales, Santander y Torrelavega", señalan.

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