La mencionada reunión, como es sabido, fue celebrada para analizar cómo desarrollar en Andalucía el Real Decreto Ley que faculta a las comunidades autónomas y los municipios para regular la actividad de los vehículos de transporte concertado (VTC) que operan para las empresas de alquiler de coches con conductor como Uber o Cabify, toda vez que previamente, en el caso de Sevilla, los taxistas de dicha ciudad y el Consistorio hispalense acordaron pedir a la Junta que ciñese la contratación de los servicios de VTC a una antelación mínima de entre treinta minutos y una hora, con la obligación de que estos vehículos regresen a sus bases tras cada porte, entre otros aspectos.

Fruto del encuentro, en cualquier caso, los responsables de la Junta de Andalucía mostraban el propósito del Gobierno andaluz por modificar la regulación del taxi en Andalucía, para que los taxistas puedan ofrecer precios fijos por trayectos en el caso de que se contraten previamente por medios telemáticos, o bien precios por plaza en 'taxi compartido'.

Y mientras la pretensiones de la Junta pasan por elevar a las organizaciones de taxistas un primer borrador de propuestas sobre la ordenación de la contratación de los VTC y la regulación del propio sector del taxi, para seguir negociando, la Unión Sevillana del Taxi, Solidaridad Hispalense del Taxi y Élite Taxi Sevilla han tachado de "excesivo" el plazo de 45 días indicado por la Junta para la entrega del citado borrador.

Por eso, las entidades han acordado celebrar concentraciones de taxistas ante la sede de la Consejería de Fomento, todos los lunes de marzo de 10 a 11 horas.

Asegurando que las concentraciones no afectarán al servicio de taxi de la ciudad, las tres asociaciones defienden que "la lucha del taxi es por la dignidad como trabajadores, porque vemos pisoteados nuestros derechos en un atropello absoluto de competencia desleal, así como la defensa de un servicio público de interés general y con garantías de acceso a todos los usuarios, que no puede verse sometido al arbitrio de multinacionales que pretenden hacer de la movilidad un lucrativo negocio, desprovisto de

un marco de regulación que garantice los derechos de los usuarios".