Así lo han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso. La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), personada como acusación particular, señalaba a este grupo como captadores de clientes a los que presuntamente invitaban a plantear las reclamaciones fraudulentas.

Según consta en el atestado de la Guardia Civil, estos cuatro investigados formaban parte de un grupo de 'Whatsapp' bajo el nombre 'UK Holiday Claims' ('reclamaciones de vacaciones Reino Unido').

En este chat no figuraba una de las principales investigadas, una empresaria de Magaluf de origen inglés. En la declaración prestada en mayo del año pasado, la empresaria se desvinculó de este grupo y aseguró que sólo se dedicaba a recopilar datos personales de turistas británicos, que después vendían a empresas de marketing de Reino Unido.

La mujer insistió en que no recababa información relacionada con intoxicaciones alimentarias ni reclamaciones. En concreto, señaló que sus empleados no preguntaban nada a los turistas sobre problemas alimenticios y que les era indiferente "si reclaman o no", porque las empresas receptoras pagaban solamente por la entrega de los datos. También negó que recibieran ningún porcentaje por las reclamaciones y manifestó sentirse "injustamente tratada".

Una de las empresas con las que trabajaba era un bufete de abogados de Reino Unido, que pagaba 5.000 libras por cada 1.000 números de teléfono y nombres, según indicó la mujer ante el juez.

Dos hermanos de esa empresaria -a la que los investigadores situaban como la supuesta líder de la organización-, también declararon en septiembre y negaron su implicación en la trama. Corroboraron la versión de su hermana sobre que se limitaban a recabar datos de turistas para empresas de marketing independientemente de si se presentaban reclamaciones o no, y además alegaron que su empresa sólo estuvo activa entre septiembre de 2016 y mayo de 2017 -cuando los hechos investigados se remontan hasta 2013-.

'OPERACIÓN CLAIMS'

En septiembre de 2017 la Guardia Civil desarrolló una operación en Mallorca en la que fueron detenidas siete personas de nacionalidad británica, a las que responsabilizaban de una estafa millonaria a través reclamaciones por falsas intoxicaciones alimentarias en hoteles de la Isla. Durante la operación se practicaron ocho registros en diferentes municipios de Mallorca. La FEHM cifraba la estafa en más de 50 millones de euros.

En 2013, la Ley en Reino Unido excluía todas las reclamaciones por prestación de servicios realizados fuera de territorio británico. De este modo, la legislación británica permitía presentar estas reclamaciones a través del touroperador hasta tres años después y como prueba bastaba demostrar que se adquirió un medicamento contra dolencias estomacales, por ejemplo, sin necesidad de presentar justificante o pericial médica. Así, los touroperadores abonarían la indemnización al consumidor y después la descontarían al hotel. Este problema también se ha dado en otras zonas de España como Canarias o Valencia.