El Tribunal Administrativo Central anula la adjudicación de Justicia a Tragsa para las obras del TSJCV

  • El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y ha resuelto anular la adjudicación por parte de la Conselleria de Justicia a favor de la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) para la redacción de proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Fachada del TSJCV
Fachada del TSJCV
EUROPA PRESS - Archivo
Fachada del TSJCV

La CNC recurrió la decisión de la Conselleria de Justicia de adjudicar las obras a Tragsa, en diciembre de 2018, tras haber quedado desierta la convocatoria de marzo para redactar y dirigir las obras del Palacio por un importe de licitación de 645.559,20 euros al cuestionar la eficacia, eficiencia y urgencia de esta decisión.

La resolución del tribunal, que es definitiva en la vía administrativa y contra la que cabe interponer recurso contencioso-administrativo, detalla que no resulta admisible la justificación del encargo y subraya que el realizado a Tragsa abarca tanto la redacción del proyecto como la propia ejecución de las obras por lo que el contrato que se licitó no coincide con el objeto del encargo.

En este sentido, indica que no permite presumir que también quede desierta una posterior licitación con objeto más amplio y por un importe "considerablemente" mayor.

Asimismo en cuanto a los motivos de seguridad pública y de urgencia asegura que las descripción de las deficiencias, instalaciones eléctricas, climatización; deficiencias de accesibilidad, pérdidas de energía por huecos o carpintería exterior, entre otras, "no refleja una situación real de urgencia".

Tras haber quedado desierto el concurso, la Conselleria encargó a la empresa pública Tragsa la redacción del proyecto y ejecución de las obras de adecuación funcional de la sede del TSJCV con una inversión de 24.956.366 euros y una ejecución de las obras hasta 2021.

La adjudicación a Tragsa obedece a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que exige la autorización del Consell para poder realizar encargos a los entes que se consideren medios propios de la Generalitat, como es el caso de Tragsa, cuando el valor del encargo supere los 12 millones de euros, según explicaron en su momento.

Los empresarios constructores criticaron la adjudicación "a dedo" a Tragsa por considerarla "ilegal" y explicaron que la ley de licitaciones "dice que ésta tiene que ser pública y solo en casos excepcionales se puede dar a empresas como Tragsa" por lo que

decidieron presentar un recurso.

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