Adif señala que con su escrito de acusación contra el maquinista del tren Alvia que descarriló en julio de 2013 en Angrois (Santiago) se "limita" a defender sus "intereses y patrimonio", al demandar para él cuatro años de cárcel por un delito de daños por imprudencia grave.

Este delito, según apunta el abogado del Estado en el escrito, está tipificado en el artículo 267 del Código Penal. Dicho punto establece que "los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos".

Sin embargo, en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press,

Abogacía del Estado reclama cuatro años de cárcel, aunque explicita que no formula acusación por los posibles delitos de homicidio y lesiones "toda vez que Adif carece de legitimación para la persecución de este tipo de delitos" y ya que el Tribunal Constitucional "niega la posibilidad de que los órganos y organismos públicos ejerzan la acusación popular".

El juez que instruyó la causa y que decretó el cierre de esta fase el pasado diciembre mantiene imputados tanto al maquinista Francisco Garzón como al exjefe de seguridad de Adif por 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y 144 de lesiones. En su auto no menciona ningún otro eventual delito.

"RECLAMA LOS POSIBLES DAÑOS"

Fuentes de Adif consultadas por Europa Press inciden en que el abogado del Estado no ejerce la acusación popular, "sino que defiende los intereses de Adif y, por ello, reclama los posibles daños que se hayan podido producir sobre la vía o la infraestructura".

"No por ello negamos la tragedia que supuso la pérdida de tantas vidas y las heridas causadas al resto de víctimas, simplemente es que no nos corresponde a nosotros, como gestor de la infraestructura, y por ello nos limitamos a defender nuestros intereses y nuestro patrimonio", explican estas fuentes.

Así, además de los cuatro años de cárcel, Abogacía del Estado pide que el encausado indemnice a Adif en casi 1,39 millones de euros, "a que ascienden los daños y desperfectos que sufrió la infraestructura ferroviaria". Del pago de dicha cantidad es responsable civil subsidiaria Renfe y "está directamente obligada al pago de dicha cantidad la compañía aseguradora QBE Insurance (Europa)".

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