"Es incomprensible que una asociación que defiende el patrimonio se oponga a que se protejan 69 edificios que estaban en riesgo y que tienen valor patrimonial. Si lo considera insuficiente, que es una posición legítima, tiene que proponer que se amplíe o se genere un nuevo documento pero oponerse al actual sólo va a suponer que los 69 edificios incluidos queden sin catálogo y sin la protección que les concede la suspensión de las tramitaciones de licencias mientras dure el procedimiento urbanístico", apuntó el delegado.

Antonio Muñoz recordó que la propuesta del catálogo partió de una iniciativa del pleno para proteger la arquitectura regionalista de un barrio en el que "no había instrumentos para impedir un derribo o una obra que no respetara el valor patrimonial". "El catálogo ha ido incrementándose durante todo este proceso, incorporando nuevos edificios a raíz de alegaciones o de los informes de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, que sólo advirtió que por seguridad jurídica la suspensión de las licencias por estar en un catálogo preventivo no podía ser permanente sino durante un plazo de tiempo", ha rememorado.

"Ha habido alegaciones de muchos sectores y ha habido múltiples análisis técnicos y jurídicos y el resultado final son los 69 inmuebles que se presentan en la aprobación definitiva, de los cuales 36 tienen una consideración preventiva y deberán aún pasar por un proceso. Si Adepa considera que es insuficiente, que promueva una ampliación del catálogo o una revisión en el futuro, pero rechazar los 69 que han superado todos los informes técnicos y jurídicos es ponerlos en riesgo, porque la administración se quedará sin instrumentos para protegerlos y no habrá garantía jurídica alguna en el Ayuntamiento ante el primer intento de derribar o construir en ellos", explica el delegado.

"Cuando iniciamos este catálogo en Nervión había once edificaciones protegidas y tras todo este proceso de informes técnicos y jurídicos hemos situado la cifra en 69. Si se encuentran argumentos para ampliarlo, es cuestión de iniciar otra tramitación, pero rechazar estos 69 los deja a todos desprotegidos y genera una grave situación de inseguridad jurídica", concluyó Muñoz. En este sentido el delegado recordó que la LOUA establece un plazo máximo para la suspensión de licencias que expira este año y que es el tiempo que se ha requerido para completar esta tramitación con todos los informes.

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