Caso espías
El abogado de los acusados Ramón González Bosch (d) a su llegada a la Audiencia Provincial. EFE/J.J. Guillén

Dos guardias civiles acusados de seguimientos en 2008 a cargos políticos del PP enfrentados con la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, han alegado en el juicio que el caso es un montaje para tapar que en ese partido se espiaban con detectives pagados con dinero público.

Así lo ha manifestado en el turno de última palabra el guardia civil José Oreja Sánchez, al que se ha adherido su compañero Antonio Coronado Martínez, en el juicio que este martes ha quedado visto para veredicto del jurado y sentencia en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los acusados son el exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón; el exsubdirector Miguel Castaño; tres guardias civiles que realizaron los supuestos seguimientos; y un técnico de la Administración regional que presuntamente redactó los partes de los mismos, para los que el PSOE pide entre dos y cuatro años de prisión y el Gobierno regional madrileño diversas multas, por malversación.

En concreto se les acusa de espiar a políticos del PP como el exvicepresidente regional Alfredo Prada y el exvicealcalde madrileño Manuel Cobo. A excepción de Gamón, todos los acusados han insistido en que no realizaron tal espionaje y que, por tanto, no pudieron incurrir en malversación.

El que más se ha extendido en su intervención ha sido el guardia civil José Oreja, que ha señalado que "este procedimiento ha sido provocado por la publicación -en 2009- de un sucio montaje periodístico, policial y político" en el diario El País.

Ha dicho que el entonces director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Enrique Barón, "fue quien facilitaba los nombres, apellidos, cargos y números de teléfono de las personas que al entonces jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera o al entonces fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, les interesaban que se investigasen".

Ha añadido que la UDEF no practicó diligencias para comprobar la veracidad de los partes de seguimiento publicados por el citado periódico. José Oreja ha agregado que José Luis Olivera Serrano instó a Manuel Moix para que librara un mandamiento a Telefónica para que remitiera los posicionamientos telefónicos de los acusados.

"El mandamiento se libró el 3 de abril de 2009, un día después de la incoación de las diligencias previas y sin autorización judicial. Del mandamiento hay constancia en autos pero de su contestación no porque lo sustrajeron de forma vil o dolosa los componentes de la UDEF", ha asegurado Oreja. Y ha añadido: "Mientras el foco de la atención social se centraba en estas acusaciones se permitió la ocultación del verdadero presunto delito de malversación", es decir que "el PP espiaba con sus detectives".

La agencia Método 3

Oreja ha recordado dos frases del exdirector de la agencia de detectives Método 3 Francisco Marco: "He estado callado sin decir que el propio Ignacio González (expresidente de la Comunidad de Madrid y vicepresidente en la época de los hechos) a través del Canal de Isabel II me había contratado en multitud de ocasiones sin considerar su actitud delictiva".

La otra frase de Marco que ha citado Oreja es: "Me dio una lista de dirigentes del PP a los que tenía que investigar porque el vicepresidente, Ignacio González, los consideraba sus enemigos". "Da la casualidad de que esa misma agencia de detectives, según Francisco Marco, ha sido contratada por los dos grandes partidos políticos de este país", ha apostillado Oreja.

Y ha añadido: "Por fin tenemos en un proceso penal la implicación directa de lo que puedan ser cloacas policiales, con algún fiscal, algún juez y algún periodista estrechamente relacionado con esas cloacas, y todos han quedado al descubierto en esta causa". "Les aseguro que están profundamente preocupados y buscarán que nos condenen", ha concluido Oreja.

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