El Ministerio de Cultura ha solicitado a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE por varios incumplimientos legales y tras varios avisos formales.

"No ha habido manera de arreglarlo de forma pacífica", ha dicho el ministro José Guirao, que ha asegurado que los cuatro principales partidos del arco parlamentario, PSOE, PP, Cs y Podemos, coinciden en que "la situación es insostenible". Estas son las claves de la crisis de la SGAE:

Cultura ha pedido al juez —a través de la Abogacía del Estado— una intervención "parcial" de la sociedad de gestión, esto es, que tenga como mínimo una duración de seis meses y como mucho, de un año. Si el juez lo acepta, el ministro pondrá en funcionamiento una comisión gestora que asumiría las funciones de gobierno de la entidad de forma cautelar; sus miembros, entre los que estárían el subsecretario de Cultura, Javier García, una subdirectora general de Hacienda, y un abogado experto, sustituirán a los 35 socios que actualmente se encuentran al frente de la SGAE.

La SGAE (Sociedad General de Autores y Editores) es la entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual más importante de España. Administra un repertorio de 10 millones de obras y recauda entre 250 y 300 millones de euros de media al año, según ha explicado el ministro. Es privada, pero tiene una licencia del Ministerio, que ejerce sobre ella una función de tutela y, por lo tanto, de control. Los gastos derivados de la intervención, eso sí, correrán a cargo de la SGAE.

En realidad, no. La palabra "intervención" lleva planeando sobre la SGAE desde hace casi un año, cuando Iñigo Méndez de Vigo era el ministro de Cultura. De hecho, el Ministerio ha realizado a la sociedad desde el 12 de julio de 2017, en total, 13 requerimientos y un apercibimiento. El último se produjo el pasado 27 de septiembre.

Tres cosas muy concretas: que modifique sus estatutos para adecuarlos a la ley vigente, que cambie los criterios de reparto de derechos y que los socios puedan utilizar el voto electrónico en las elecciones internas.

En abril de 2018, el Gobierno de Rajoy aprobó un real decreto que incorporaba a la legislación española dos directivas europeas sobre derechos de autor  y modificaba la Ley de Propiedad Intelectual. Este cambio obligó a las entidades de gestión con una recaudación anual superior a 100 millones de euros a presentar a Cultura, en un plazo de tres meses, unos nuevos estatutos, adaptados a la ley. En el caso de la SGAE, esto no ha ocurrido aún. De hecho, los socios rechazaron en junio y en diciembre pasados en asamblea las propuestas de reforma estatutaria de la anterior junta —presidida por José Miguel Fernández Sastrón— y de la actual —presidida por Hevia—.

El Ministerio exige que los criterios de reparto se adapten a los últimos —otros— cambios de la Ley de Propiedad Intelectual —aún queda su aprobación final en el Congreso— y que establecen un tope del 20% de lo recaudado por cada autor para la franja nocturna televisiva. Es precisamente con medidas como esta con las que se pretende que no se repitan conductas como la ocurrida con La Rueda, una supuesta trama por la que varios exdirectivos de la entidad han acabado en los tribunales. La asamblea de socios dio finalmente su visto bueno a cumplir la reforma el pasado 27 de diciembre —en la misma reunión en la que los estatutos no recibieron suficiente apoyo—, algo que Hevia le recordó este lunes al ministro.

Guirao ve "desproporcionado" que "el 70% de la música con cesión de derechos de artistas" en televisión sea "entre las 2 y las 6 horas"; Hevia asegura, sin embargo, que lo que llega a ese horario "es un 16%, y de ello la mitad va a parar a editoras de televisión y la otra mitad, a unos 4000 autores españoles". Cultura ha recordado que los repartos de diciembre de 2017 y de junio y diciembre de 2018 están "sin ratificar".

Cuando se convocaron elecciones anticipadas en la SGAE en julio de 2018 para el 26 de octubre, Cultura avisó a la entidad de que tenía que habilitar el voto electrónico a los socios, ya que de lo contrario "incumpliría gravemente" la ley. La Junta no lo hizo argumentando que se trataba de una precaución contra el fraude, lo que motivó que varias de las candidaturas a los comicios se retiraran, por ejemplo, las de Noni (Lori Meyers), Jota (Los Planetas) o Kiko Veneno. Hevia dice que la SGAE ya se ha comprometido a establecerlo.

Las tensiones en la SGAE no han dejado de crecer desde 2011, cuando el expresidente Teddy Baudista fue detenido junto a otras ocho personas en una operación contra el desvío y la apropiación indebida de fondos. En los años siguientes se sucedieron las acusaciones cruzadas de fraude, amiguismo y vulneración de la ley; en medio, estalló La Rueda. El pasado mes de enero, un centenar de artistas, entre los que se encontraban Pedro Almodóvar, Álvaro Urquijo, Isabel Coixet, Miguel Ríos, Coque Malla o Montxo Armendáriz, pidieron abiertamente a Cultura la intervención de la SGAE.

Ha difundido un comunicado en el que lamenta la "judicialización" de una entidad "ya suficientemente judicializada" y se ha mostrado dispuesta a colaborar, "al igual que ha venido haciendo con Cultura en los últimos meses". Hevia recuerda, por su parte, que hace dos semanas "invitaron" al Ministerio "a establecer una forma para la aplicación directa de la normativa", es decir, su modificación "por imposición legal".

Guirao ha tildado la situación de la entidad de "intolerable", aunque ha añadido que si la SGAE "se pone al día" antes de que el juez decida, "todo se habrá solucionado".