Asimismo, en su escrito de acusación exige la prohibición de que el acusado pueda acercarse a menos de 500 metros del lugar en el que se encuentre la perjudicada, así como que se ponga en contacto a través de cualquier vía durante un tiempo de 15 años.

Además, el acusado deberá ser condenado a indemnizar a la víctima 120 euros por las lesiones y 2.500 euros por daño moral.

Supuestamente, en junio de 2017 la víctima decidió terminar su relación con el acusado, después de que este se dedicase a controlar sus llamadas, contactos o forma de vestir, llegando incluso a golpearla y apagar cigarrillos en su brazo. Tras la ruptura, el acusado amenazó a la víctima con "matarla, verterle lejía sobre el cabello o rajarle la cara".

Días después, el hombre consiguió entrar por la fuerza en la casa de la mujer y obligarla a mantener relaciones sexuales completas. Como consecuencia, la acusada denunció estos hechos y cuando el acusado se enteró decidió seguir amenazando a la víctima.