Dicho juzgado ha abierto diligencias previas tras recibir la denuncia presentada por la Fiscalía malagueña en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez señala que "no estando determinadas la naturaleza y circunstancias" de los hechos denunciados se deben practicar diligencias, acordando, como pidió el fiscal, que se "oiga en declaración a los investigados, con instrucción de sus derechos" el día 25 de abril.

Además, se fija el día 30 de dicho mes para que declaren cinco testigos, entre ellos los tres ex cargos de Urbanismo que pusieron de manifiesto estas presuntas irregularidades en la comisión municipal; y para el 7 de mayo otros siete testigos, propuestos como los anteriores por el ministerio fiscal.

En la resolución, también se insta a la Policía Nacional a que investigue los hechos relacionados "con la posible alteración informática de expedientes de disciplina urbanística relativos a la urbanización, la posible desaparición de documentos y nuevo foliado de los mismos", así como otra supuesta alteración. También se pide a la Junta que emita un informe técnico del posible perjuicio económico.

Asimismo, en el auto se tiene por personado en representación de Cardador al letrado Antonio Caba, doctor en Derecho y profesor asociado en la Universidad de Málaga (UMA), que fue alcalde de Estepona con el PSOE. Asimismo, se tiene personado en representación de los ediles a José Carlos Aguilera, que ha sido defensor de varios cargos públicos socialistas.

El fiscal presentó una denuncia contra los concejales del PP y el responsable de Urbanismo solicitando que se les tomara declaración como investigados. Esto se produjo después de llevar a cabo unas diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada en primer lugar por el grupo de Ciudadanos -a la que se sumaron PSOE y Málaga para la Gente- tras las manifestaciones de dos exjefes de urbanismo.

Así, estos excargos indicaron en la comisión, y posteriormente ampliaron ante el fiscal, que la "injerencia política" comenzó con la llegada de concejal Pomares y el gerente, José Cardador, relatando que las acciones que le encomendaban hacían "sumar y dilatar tiempos" en el expediente de Villas del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo 'b'.