Moreno ya es presidente de la Junta
El nuevo presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante el acto de toma posesión donde ha jurado su cargo como presidente, en el Parlamento andaluz. Julio Muñoz / EFE

Se cumple este lunes un mes desde que el popular Juanma Moreno tomara posesión de su cargo como presidente de la Junta, el primero no socialista en casi cuatro décadas. Ya en ese momento, el líder del Ejecutivo andaluz se mostró convencido de que la oposición no le daría "ni los primeros cien días de gracia". Hoy, 30 días después, el Gobierno que lidera en coalición con Cs, y gracias a un pacto de investidura con Vox, continúa arrancando y dando sus primeros pasos, "con la velocidad adecuada, sin prisas", como señaló hace unos días el consejero de Presidencia, portavoz del Gobierno y hombre fuerte de Moreno, Elías Bendodo.

Y, efectivamente, la nueva Junta, el Gobierno del cambio, no tiene prisa. No en vano, el Ejecutivo ha tardado todo este mes en conformar su estructura de Gobierno y aún falta por definir la relativa a los eventuales. La tarea ha sido laboriosa porque, de hecho, Moreno le ha dado la vuelta casi por completo al anterior organigrama del Gobierno socialista de Susana Díaz, con una disminución de consejerías –de 13 a 11– y, sobre todo, con un cambio muy significativo de competencias en cada departamento.

Si polémica ha sido esta vuelta de hoja a los departamentos de la Junta, más aún no lo han sido algunos de los nombramientos llevados a cabo y que están dando los primeros quebraderos de cabeza al Ejecutivo andaluz. Entre los más llamativos destaca el de Carlos Rodríguez Sierra como director general de la Oficina Judicial y Fiscal, nombramiento llevado a cabo por Cs, al haber sido Sierra abogado de uno de los principales acusados en el caso de los ERE, Francisco Javier Guerrero.

También por el lado de la formación naranja se ha producido la dimisión, antes incluso de su toma de posesión, de Elisa Fernández-Vivancos como delegada del Gobierno andaluz en Granada, por su vinculación al caso Nevada como abogada de la Junta y se que resolvió con una multa millonaria para la Administración. Salida que se suma a la del exconsejero de Hacienda Antonio García Varela, que hace tan solo unos días dejó su puesto por motivos de salud.

Tampoco se libra de la polémica el PP-A, que ha nombrado como secretario general de Cultura a Fernando Francés, investigado en el caso Invader en relación a la aparición de mosaicos de dicho artista en algunos edificios protegidos de Málaga. Los populares se han encontrado también con la oposición de los sindicatos antes el nombramiento del director general de Cuidados Sociosanitarios, al tratarse de un educador social y no de un profesional de Enfermería, como las organizaciones reclaman.

A todo ello, se suman hasta una quincena de nombramientos de cargos que ya formaron parte del anterior Gobierno socialista y que han puesto en duda las verdaderas intenciones de cambio del Ejecutivo de Moreno.

Pese a todo, el PP-A ha destacado la "profesionalidad" del Gobierno nombrado y ha pedido "dar un voto de confianza" a los nuevos nombramientos para "ver qué trabajo realizan".

Primeras medidas

Más allá de estas cuestiones estructurales, la Junta ha dado ya luz verde en los tres consejos de Gobierno celebrados hasta la fecha algunas de las medidas que tanto el PP-A como Cs prometieron en campaña. A saber, el inicio de la tramitación de la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, la puesta en marcha de una auditoría interna de la Junta –cuyos resultados estarán listos en unos 45 días–, el inicio de la tramitación para la reactivación de la comisión de investigación de la Faffe o el inicio también de la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción.

Se suman a estas medidas otra más polémica, la aprobación de la creación de un Comisionado para la Concordia, que asumirá todas las competencias de la Dirección General de Memoria Histórica. Una medida en total consonancia con uno de los puntos pactados entre el PP y Vox en el acuerdo de investidura, la sustitución de la Ley de Memoria Democrática por una Ley de Concordia. 

No es lo único que la fuerza de extrema derecha reclama aunque, por el momento, sin llamar mucho la atención. Los de Santiago Abascal, comandados por Francisco Serrano en Andalucía, insisten en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales, en la eliminación de subvenciones a asociaciones "de género" y, entre sus últimas peticiones, la elimimación de todas las mezquitas de la comunidad.

Pero, sin duda, la tarea pendiente que el Gobierno tiene entre manos y que más urge a la región es la aprobación de los Presupuestos de 2019. Según las últimas declaraciones del consejero de Hacienda, Juan Bravo, la intención del Ejecutivo, por mandato del propio Moreno, es que estén en mayo, pese a la insistencia de la oposición para que se presenten antes. Habrá que ver si finalmente las cuentas llegan al Parlamento antes del 26-M... o del 28-A.

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