En la querella presentada en noviembre de 2018, encargada al Ius+Aequitas abogados, se expone cómo la resolución y moratoria en base a la cual se lleva a cabo la prohibición se podría haber realizado de "forma preconcebida" pues así "se venía anunciando por Noguera incluso antes de ser nombrado alcalde".

El auto dictado por el Juzgado considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa y/o un delito de prevaricación urbanística".