El Gobierno ha anunciado, tras aprobar la exhumación de Francisco Franco, que dará un plazo de 15 días a los familiares del dictador para que decidan dónde enterrar sus restos. Según ha explicado este viernes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, si no hay acuerdo con la familia o "hay silencio", el Gobierno se reserva la decisión de elegir el lugar donde debe ser enterrado Franco. Si es el Ejecutivo quien finalmente tiene que tomar la decisión final, esta deberá aprobarse en otro Consejo de Ministros, ha agregado.

Delgado ha explicado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros los pasos que se seguirán ahora tras el acuerdo aprobado por el Ejecutivo para culminar la exhumación de los restos del dictador que se estableció en agosto pasado, en lo que ha calificado de una decisión "de Estado".

El acuerdo prevé, ha remarcado Delgado, todos los escenarios posibles a partir del plazo de 15 días concedido a la familia para que se pronuncie sobre un lugar para el enterramiento definitivo.

El único lugar donde no podrán ser enterrados los restos tras su exhumación es la catedral de la Almudena: "No pueden ir allí por razón de orden público y porque también incumpliríamos la ley de Memoria Histórica", ha asegurado la ministra de Justicia.

Delgado ha insistido en rueda de prensa en que el Gobierno quería un procedimiento que cumpliera "todas las garantías legales". Además, ha reconocido que "ha sido difícil, complicado" por el número de trámites y de partes interesadas con intereses encontrados. "Hubo hasta 14 recusaciones de los instructores del expediente", ha apuntado.

En cuanto a la posibilidad de que la orden religiosa responsable de la basílica del Valle de los Caídos no dé su aprobación a la exhumación de Franco, Delgado señaló que en el acuerdo aprobado este viernes por el Gobierno se recoge el principio de que "lugar de culto no significa que esté excluida la autoridad civil". La ministra sugería así que la exhumación podría llevarse a cabo aunque no hubiera permiso de la orden religiosa.

Delgado también explicó que una vez que la familia del dictador indique un lugar para la exhumación o no responda tras el plazo de 15 días, el Consejo de Ministros deberá acordar en otra reunión a dónde se trasladan los restos de Franco.

Respecto a la posibilidad de que la familia recurra al Tribunal Supremo la definitiva decisión del Gobierno para trasladar a un lugar determinado los restos de Franco, la responsable de Justicia señaló que no puede saberse en estos momentos si esta decisión judicial paralizará la exhumación.

Este pasado jueves, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) advertía al Ejecutivo de que la exhumación del dictador será "ilegal", por lo que anuncia que utilizará "todos los medios legales" a su alcance para impedirlo.

En un comunicado, la fundación asegura que la exhumación vulnera el régimen jurídico aplicable al Valle de los Caídos e infringe además el propio procedimiento y el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez de que la resolución final sobre el traslado de los restos indicaría dónde se enterrarían de acuerdo al deseo de la familia.

"Dicho acuerdo será ilegal, toda vez los nietos del Generalísimo han manifestado que, si el gobierno se obstinara en la exhumación, su deseo es que sea enterrado donde la familia tiene unas sepulturas de su propiedad en la cripta de la catedral de Madrid", remarca.

La Fundación Franco ha denunciado que la instructora del expediente de exhumación le ha denegado el acceso al informe de la Abogacía del Estado, lo que ha calificado de "falta de transparencia" con las partes interesadas y personadas en dicho procedimiento.