El Gobierno ha autorizado este viernes la extradición a Argentina del ex militar Ricardo Miguel Cavallo para que sea juzgado en su país, pero ésta no se hará efectiva hasta que extinga su responsabilidad penal en España, donde está procesado por crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, podrá ser entregado temporalmente a Argentina, según las condiciones acordadas en el tratado bilateral firmado por ambos países. La decisión ha sido anunciada por la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y se produce después de que el pasado 22 de febrero las autoridades de México autorizaran a España a "reextraditar" a Cavallo a Argentina.

Decisión acertada

Por su parte, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, pidió "cárcel común" para el dictador argentino al tiempo que valoró positivamente esta decisión. La presidenta del sector más radical en que se han dividido el colectivo consideró a Cavallo "un represor más", y dijo que espera que cuando regrese extraditado a Argentina "no haya complicidades y arreglos" que eviten una importante condena.

El permiso de México era necesario porque fue este país el que, el 29 de junio de 2003, entregó al ex militar a España, donde se encuentra desde entonces en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Más de treinta años de cárcel

Tras su extradición a España, el ex militar argentino fue procesado por Garzón y, de haber sido juzgado por la Audiencia Nacional, se enfrentaba a altas penas de prisión. Así, la acusación popular ejercida por la Asociación Argentina pro Derechos Humanos-Madrid iba a solicitar para él 30 años de cárcel, el máximo de cumplimiento efectivo de condena, por un delito contra la humanidad en concurso con 4.400 delitos de asesinato.