Mientras estas sentencias, como una reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) recogida por Europa Press, estiman los litigios promovidos por estos trabajadores temporales en demanda de la "diferencia salarial" sufrida entre las cuantías percibidas por su trabajo y las recogidas en el convenio colectivo del propio Consistorio, el PP alcalareño avisa de un "perjuicio de cuatro millones" para las arcas municipales fruto de las cuantías reclamadas, más los intereses de demora y las costas.

Tales sentencias, groso modo, resuelven que aunque el Ayuntamiento contratase a estos trabajadores con cargo a las subvenciones de la Junta de Andalucía para incentivar el empleo temporal en los municipios en favor de parados de larga duración, no es lícito "el abono de unas retribuciones inferiores a los trabajadores que presten el mismo servicio en el Ayuntamiento, siendo de aplicación también a estas relaciones laborales el convenio colectivo".

"La concesión de ayudas públicas mediante este tipo de programas no significa que (tales ayudas) hayan de subvencionar el total del importe de las retribuciones" de los trabajadores contratados, determinaba una de las sentencias.

Frente a dicha situación, la presidenta del PP de Alcalá, Sandra González, ha señalado que dado el número de contrataciones temporales acometidas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con cargo a las subvenciones autonómicas para incentivar el empleo temporal, el impacto económico de estas sentencias ascenderá a unos cuatro millones de euros, incluyendo aspectos adicionales como los intereses de demora.

Por eso, ha reclamado "el cese inmediato del máximo responsable de este hecho, el concejal de Recursos Humanos, Antonio Gómez Menacho (PSOE), puesto que su actuación y sus errores van a costar más de cuatro millones de euros a las arcas públicas".

"Reclamamos un informe económico sobre las sentencias ya dictadas, que se establezca un calendario de pago de acuerdo con las disponibilidades económicas y que se inicie el pago de las sentencias ya estimadas por los juzgados de lo Social", ha aseverado, exponiendo que los populares elevarán una moción al pleno por este asunto, dada la "nefasta gestión" de estas contrataciones y las consecuencias de los recursos judiciales interpuestos por el Ayuntamiento contra las sentencias iniciales condenatorias, ocasionando que las resoluciones definitivas impliquen más gastos al ser impuesto al Consistorio el pago de intereses de demora y costas.