Tras más de tres años de trabajos, la Comisión de investigación de la corrupción política de la Asamblea de Madrid ya tiene conclusiones. Son cerca de 170 páginas que analizan una docena de casos registrados entre 2001 y 2015, que van desde la venta de 3.000 viviendas públicas a fondos buitre al espionaje político que estos días investiga la Justicia pasando por la actividad de empresas ya desaparecidas como Arpegio y macrooperaciones como la Lezo. Para cada uno de estos escándalos, la Comisión fija la misma clave de bóveda: el PP.

"La Comunidad de Madrid y sus instituciones, gobernadas por el PP, pudieron ser utilizadas por los responsables de dirigirlas para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales", indica en su dictamen, al que ha tenido acceso 20MINUTOS.ES.

El informe está consensuado entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, ya que los populares abandonaron el órgano hace un año entre críticas que hoy han repetido. El texto es nítido: establece que el PP de Madrid "pudo ser beneficiado con desvío de fondos desde fundaciones o empresas contratistas" de la Comunidad, que dirige desde 1995, "para la financiación de campañas electorales", lo que entronca con las sospechas de la Guardia Civil. También, advierte de la "utilización de medios públicos" para "mejorar o fortalecer su imagen pública ante la sociedad" o, incluso, "para controlar a los adversarios políticos internos o externos".

En este sentido, los diputados que lo redactan afirman que "determinados altos cargos pudieron resultar beneficiados personalmente por un uso irregular de los medios públicos y por la obtención de comisiones que engrosaban su patrimonio personal"; también, creen que algunas compañías privadas pudieron obtener "contratos irregulares o adjudicaciones a cambio de favores" y que asociaciones y otras entidades recibieron "subvenciones por su afinidad política" con el PP.

En suma, la Comisión considera que este partido configuró "de forma premeditada y estudiada" una "red clientelar" designando a "personas de su entera confianza" al frente de las entidades públicas analizadas, como el Canal de Isabel II o Telemadrid. De este modo, los responsables políticos podían "influir directamente" ("incluso en el ámbito judicial", apuntan) para conseguir sus objetivos.

Entre la larga nómina de nombres, las conclusiones subrayan el papel protagonista de tres personas: Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre, una tríada que se repartió todo el poder orgánico en el partido. El primero, consejero durante ocho años condenado en la Púnica, "tuvo responsabilidad" en los casos de espionaje, de los convenios urbanísticos y el plan Prisma de la Fundación Arpegio o en la negociación de los derechos de retransmisión de fútbol en la televisión autonómica. González, consejero de 2003 hasta 2012 y presidente hasta 2015 posteriormente imputado en la Lezo, aparece ligado a estos episodios más el relacionado con los pisos del Ivima y el de la agencia informática ICM.

Ahora bien, la Comisión sitúa en la cúspide de la pirámide de la red a Aguirre, única responsable "en la elección sus máximos colaboradores" que "no ejerció (premeditadamente o no) ningún control sobre las actividades irregulares de los miembros de su gobierno". A ella se le acusa de dejar hacer en media docena de corruptelas, aunque el apellido de la también expresidenta del PP de Madrid aparece referido en muchas más ocasiones. El órgano considera demostrado que "ejerció arbitrariamente su poder para satisfacer caprichos personales utilizando las instituciones".

En síntesis, el informe acusa a los sucesivos gobiernos populares de bajar los brazos y no auditar "fondos, contratos ni subvenciones" de esas entidades teledirigidas, algo que revela no solo "una mala y negligente gestión que perjudicó a los intereses patrimoniales de la Comunidad y, en algún caso, a los derechos de los ciudadanos", sino, sobre todo, "una deliberada intención de no ejercer ese control o de ejercerlo sesgadamente en base a sus intereses".

Ahora, los partidos (que aprobarán las conclusiones en el Pleno de la Asamblea) quieren que el Gobierno de Ángel Garrido promueva "cuantas acciones judiciales sean necesarias para exigir responsabilidades civiles" contra quienes hayan saqueado recursos públicos. La Comisión, impulsada por Cs a cambio de investir a Cristina Cifuentes, llevará los resultados y toda la documentación a la Fiscalía General del Estado para que la analice.

El documento no pierde la ocasión de afear a la expresidenta y a todo su Ejecutivo (Garrido incluido) su "voluntad" de "paralizar las investigaciones" de forma "deliberada". Esto, a juicio de los parlamentarios, ha impedido que se pudieran esclarecer en este órgano, "por carecer de documentación", los dos últimos casos agendados en el plan de trabajo: el de los Teatros del Canal y el de la "adjudicación de suelos públicos para colegios concertados a la empresa Alfedel".

El informe ve culpables a un buen ramillete de altos cargos o exconsejeros como Salvador Victoria, Lucía Figar o Jaime González Taboada. Y, lo que es más reseñable, a políticos en activo como el portavoz del PP en la Cámara, Enrique Ossorio, y la titular de Economía, Engracia Hidalgo.

La Comisión ha engrasado la vida política regional de la legislatura que está a punto de extinguirse. Por ella han pasado los últimos cuatro expresidentes madrileños -Alberto Ruiz-Gallardón, más Aguirre, González y Cifuentes, todos los del PP- y ha permitido a la oposición mantener en la agenda mediática un rosario de corruptelas.