Policía Local en València
Un control de la Policía Local en València, en una imagen de archivo. POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA / EUROPA PRESS

El número de multas tramitadas en València descendió un 6,5% el pasado año, pero la recaudación se incrementó un 13%. Los datos ofrecidos este jueves por el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, apuntan que en 2018 su departamento dio curso a 246.000 sanciones de tráfico y de otros ámbitos en la ciudad, frente a las 263.000 del año anterior.

En 2010, por ejemplo, hubo 381.000 multas, lo que muestra el importante y paulatino descenso en su volumen durante la última década. En cambio, la recaudación ha subido desde los 15 hasta los 17 millones de euros en el último año y se acerca a los 20,5 millones registrados en 2010.

El aumento de la recaudación se ha visto favorecido por el cobro a vecinos residentes en otros municipios, a los que hasta ahora no se podía embargar. En 2018 se ingresaron en las arcas municipales más de un millón de euros por este concepto fruto de los embargos a cuentas corrientes radicadas en entidades de otros municipios de la Comunitat Valenciana como resultado del convenio firmado con la Generalitat. A esta cifra se añadirán los embargos retroactivos de hasta cuatro años.

El acuerdo, que inicialmente afectaba a las sanciones de tráfico, se amplió posteriormente a deudas tributarias (IBI, etc.) y próximamente también incluirá las grandes sanciones, cuya ejecución delegará el Consell en el Ayuntamiento de València.

Vilar también ha dicho que 24.000 recibos del IBI se han acogido al pago fraccionado domiciliado con bonificación del 2% (se aplica por primera vez este año), una cifra todavía baja sobre los 400.000 recibos domiciliados actualmente. La cifra total de contribuyentes del IBI está en 678.500 en toda la ciudad, tras haber aumentado en 1.300 recibos y en 350.000 euros de recaudación prevista.

Entre estos inmuebles se encuentran propiedades de la Iglesia Católica que pagarán por primera vez este año, al considerar el Ayuntamiento que ejercen una actividad con ánimo de lucro que, con la jurisprudencia europea en la mano, suponen una vulneración de la libre competencia. En esta casuística se encuentran clínicas como la Casa de la Salud o la Universidad Católica de València.

El edil de Hacienda también ha informado de la recaudación por la tasa de mesas y sillas (terrazas de locales de restauración) en las calles, que permanece estable en el entorno de los 2 millones de euros anuales. Vilar ha insistido en que no ha subido, sino que se ha reequilibrado en función de las zonas, para que paguen más las de mayor valor catastral (en el centro de la ciudad) y menos las del extrarradio. "Era injusto que se cobrara lo mismo en Monteolivete que en la plaza del Patriarca", ha ejemplificado.

Ejecución de inversiones, deuda y pago a proveedores

Vilar también ha informado del porcentaje de ejecución de las inversiones, que está en el 47,76%, una cifra que ha calificado de mejorable. "Ni a mí ni a ningún representante de las áreas nos puede satisfacer el nivel de ejecución de las inversiones, pero hay que tener en cuenta la evolución histórica de este ayuntamiento", ha afirmado. Según sus datos, en 2012, con el anterior Gobierno local del PP, se ejecutaron 60 millones de euros sobre un total de 100 millones presupuestados, frente a los 87,87 millones de euros ejecutados en 2018 sobre una cifra inicial de 184 millones en inversiones.

En opinión del responsable de Hacienda, es necesario "mejorar la gestión del Ayuntamiento, seguramente con alguna reforma estructural de las tramitaciones, pero siempre salvaguardando los controles, porque no se va a quemar el dinero de los valencianos". Esta reforma permitiría "agilizar la estructura de funcionamiento" del Consistorio, lo que redundaría en un mayor grado de ejecución de las inversiones, ha añadido.

Respecto a la deuda total del Ayuntamiento de València, a cierre del ejercicio pasado se situó en 446,643 millones de euros, por debajo de los 500 millones, que era la previsión para finales de 2018. Hace cinco años, en 2014, la deuda ascendía a 785 millones, un 5,65% por encima del presupuesto del propio Consistorio. En la actualidad, representa poco más de la mitad del mismo. Según ha expuesto Vilar, "al final del actual mandato se reducirá hasta los 430,5 millones de euros, lo que en su opinión supone "un índice bueno de gestión y de eficacia".

El plazo medio de pago a proveedores está actualmente en 3,10 días (descontando los 30 días de margen legal para confirmar, comprobar y autorizar las facturas). Este periodo era de 5,17 días en 2017, de 11,5 en 2016, de 48 días en 2015 y de 50,5 días en 2014.

Impacto de la falta de PGE en València

El concejal ha analizado el impacto en las cuentas municipales de la derrota en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados por el Gobierno central. Según ha explicado, el Ejecutivo de Sánchez tendrá que aprobar un decreto ley para liquidar la deuda de La Marina de València, ya que este fue el mecanismo que planteó si las cuentas no salían adelante. Respecto a los 38 millones de euros que estaban previstos para la Autoridad de Transporte Metropolitano, "habrá que ver cómo se soluciona", ya que en las cuentas de 2018 solo había consignados 10 millones.

Vilar pedirá al Gobierno que los ayuntamientos puedan dedicar excepcionalmente el remanente de tesorería al capítulo 1 (el de personal) para poder aplicar la subida salarial a los funcionarios municipales (7 millones de euros) y para sufragar el adelanto de la edad de jubilación de la Policía Local (6,25 millones de euros).

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