Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno
El nuevo consejero de Hacienda, Juan Bravo (izda.) y el portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes. JULIO MUÑOZ/EFE

"Promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica". Así reza el punto 33 del acuerdo de investidura firmado entre el PP-A y Vox, una medida que este martes ha empezado a dar sus primeros pasos en el Consejo de Gobierno, que ha aprobado la creación de un Comisionado para la Concordia. Una figura cuya misión será buscar el "consenso" de todos los grupos parlamentarios para "mejorar" y "ampliar el campo de acción" de la actual normativa.

Así lo explicó el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, que señaló que este comisionado, para el que aún no se ha propuesto a ninguna persona concreta, asumirá desde la Consejería de Cultura las competencias de la Dirección General de Memoria Democrática y, en consecuencia, los "postulados de la ley en vigor", que el Ejecutivo va a "respetar al 100%". Si bien aclaró que la actual normativa "no es de consenso", ya que tanto el PP-A como Cs presentaron más de 70 enmiendas y se abstuvieron en su aprobación.

Con el nuevo comisionado, continuó Bendodo, se persigue empezar "de forma tranquila y prudente, pero con insistencia" para que "haya el mayor consenso, el más amplio posible dentro del Parlamento" que de pie a una nueva ley "en la que todo el mundo se sienta cómodo y representado", partiendo de la premisa de que "hay leyes que no pueden ser aprobadas por mayoría, sino por consenso". La tarea será "complicada", pero "ilusionante", reconoció el portavoz, y "merece la pena intentarlo".

En cuanto a si la Junta seguirá financiando las exhumaciones de personas que murieron en la represión franquista tal y como se ha hecho hasta la fecha, Bendodo insistió en que el nuevo Gobierno asumirá "al 100% los postulados de la ley en vigor con todas sus consecuencias". Y señaló que entiende que "todo el mundo tiene derecho a saber dónde están enterrados sus familiares", algo que la "ley garantiza y la Junta lo asume".

Estructura definitiva y nombramientos

El Consejo de Gobierno también ha aprobado la estructura orgánica definitiva de las once consejerías que conforman el nuevo Ejecutivo andaluz, así como el nombramiento de más de 120 nuevos altos cargos. El portavoz de la Junta explicó que el nuevo organigrama supone una reducción aproximada del 13% de los puestos directivos, lo que conllevará un ahorro anual de 1,1 millones de euros. Estos, sumados a los 500.000 euros al año de ahorro que supuso la nueva estructura territorial, permitirán "un ahorro de 6,5 millones de euros a las arcas públicas en esta legislatura". "Se puede hacer más y mejor con menos", aseveró Bendodo.

Entre las novedades más destacadas de la nueva estructura figura la creación de una Secretaría General de Familias, que se encargará de desarrollar políticas de apoyo a la natalidad, así como a favorecer la conciliación, entre otras materias.

Asimismo, la mayoría de las competencias sobre violencia de género pasan a la Consejería de Igualdad, excepto las relacionadas con medidas judiciales, que se mantienen en la de Turismo, Regeneración, Administración Local y Justicia, pilotada por Juan Marín.

En cuanto a los nombramientos, Bendodo subrayó la "profesionalidad" de los nuevos cargos, entre los que llama la atención el nuevo director general de la Oficina Judicial y Fiscal del macrodepartamento de Cs, Carlos Rodríguez Sierra, que ha ejercido hasta ahora como abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE. Y también como letrado de la madre de Francisco Javier García Marín, el Cuco, condenado en el año 2011 por encubrimiento en el caso de la muerte de Marta del Castillo.

Eliminación de 82 consorcios

La Junta también ha dado luz verde a la liquidación y "extinción definitiva" de los 82 antiguos consorcios de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), entes que "en teoría estaban en extinción, pero que ahí estaban durmiendo", señaló Bendodo.

También se ha aprobado instar a la disolución del Consorcio Guadalquivir, que desde su constitución, en 2011, no ha tenido ninguna actividad, señaló el Gobierno.

Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado otras medidas como la preparación de un nuevo plan contra las agresiones a los profesionales sanitarios, así como la incorporación de 27 nuevos efectivos destinos al servicio de teleasistencia y una partida de 2,7 millones de euros para obras de emergencia en carreteras.

Las cuentas de 2019, "para mayo"

Por su parte, el nuevo consejero andaluz de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, que este martes tomó posesión de su cargo tras la renuncia por motivos de salud de su antecesor, Antonio García Velera, aseguró que espera ponerse a trabajar "cuanto antes" para tener preparados "para mayo" los presupuestos de Andalucía de 2019, tal y como, según señaló, le ha pedido el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

"Hay que ver lo que hay lo que no hay" en las cuentas públicas de la comunidad, manifestó Bravo, con el objetivo de "destinarlo a lo que interesa: la educación, la sanidad y el empleo".

Bravo, que mostró "mucha ilusión" por una responsabilidad "muy grande", explicó que mantendrá el equipo "de primer nivel" elegido por García Valera, ya que tiene "la enorme suerte de que a muchos de ellos los conozco personalmente y hemos trabajado conjuntamente". Para concluir, el consejero esperó que "los andaluces se sientan orgullosos de lo que hemos sido capaces de hacer".

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