ELA denuncia ante Inspección de Trabajo que Justicia "pone en riesgo la salud" al no prevenir el contagio de la sarna

  • El sindicato ELA ha denunciado ante la Inspección de Trabajo los "graves incumplimientos legales" de la Administración de Justicia del Gobierno Vasco en la prevención del contagio de la sarna ya que, según ha advertido, está "poniendo en riesgo la salud" de los trabajadores y también de la ciudadanía.

En un comunicado, ELA ha lamentado que sus delegados de Prevención de Riesgos Laborales han tenido que trasladar "nuevamente" a Inspección de Trabajo que la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco "incumple" la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, debido al "riesgo que la exposición a riesgos biológicos supone para la seguridad y salud laboral en juzgados y tribunales".

Según ha explicado, el pasado 10 de diciembre, el sindicato puso en conocimiento de la directora de Justicia del Gobierno Vasco "tanto los brotes de sarna, como las informaciones y protocolos de actuación que en otros colectivos como Emergencias, Osakidetza y Policías estaban trasladando a sus propias plantillas para proteger su seguridad y salud".

Sin embargo, ha lamentado que, aunque "se solicitaron protocolos de actuación, prevención y desinfección adecuados" a la Administración de Justicia, no ha habido "contestación alguna".

"Denunciamos que los actuales brotes de sarna en distintas ciudades de la Comunidad Autónoma Vasca se han presentado cuando acuden o son presentadas personas en las dependencias de Juzgados de Guardia, Fiscalías y Juzgados de Menores, principalmente. La capacidad de infección de la sarna expone el riesgo, además del colectivo de funcionarios, a los ciudadanos que acuden o se relacionan con personas expuestas", ha alertado.

Por ello, ELA ha vuelto a plantear "el auxilio" de la Inspección de Trabajo por "los graves incumplimientos legales" de la Administración de Justicia del Gobierno Vasco. "Es necesario el establecimiento de medidas concretas que tengan como objetivo la prevención y las acciones necesarias para que no se ponga en riesgo la seguridad y salud del personal funcionario y de la ciudadanía", ha defendido.

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