Protesta vecinal por la piscina Virgen de los Reyes
Protesta vecinal por la piscina Virgen de los Reyes ARCHIVO

"La bochornosa actuación del Gobierno de Espadas con la piscina de Virgen de los Reyes de la Macarena sigue sumando nuevos capítulos", ha manifestado la concejal de Participa Cristina Honorato, que ha exigido que se tomen las medidas legales correspondientes y se sancione a la empresa concesionaria por el "grave incumplimiento" del contrato, lo que podría suponer "una multa de hasta 3.500 euros".

"Nos dijeron que la privatización de la gestión de la piscina era la forma más eficiente y rápida de devolver estas instalaciones al barrio. Mentira. Una vez más hemos perdido una oportunidad para apostar por lo público y defender los intereses de la ciudadanía", ha lamentado, recordando que antes de la "privatización" de este enclave público se defendía su reapertura desde la gestión pública.

"¿Ha pagado la empresa concesionaria el canon anual de 305.000 euros al que se comprometió? ¿Realmente la empresa concesionaria va a llevar a cabo las obras para reabrir estas instalaciones públicas?", se ha preguntado la edil de Participa. Además, ha avisado de que el retraso de las obras no sólo se debe a la ausencia de solicitud de la correspondiente licencia de obras, sino que "ni siquiera el consejo de gobierno del IMD ha aprobado el proyecto básico de las nuevas instalaciones". "Con una gestión pública cien por cien, hoy nos encontraríamos en una situación muy diferente y el vecindario podría disfrutar de estas instalaciones municipales en muy poco tiempo", ha manifestado.

LA PISCINA DE VIRGEN DE LOS REYES A LO LARGO DE LOS AÑOS

Fue en septiembre de 1999, recordémoslo, cuando el consejo de gobierno del IMD adjudicó a la empresa Surpool Servicios Acuáticos Integrales una concesión administrativa para la gestión integral y explotación de la piscina cubierta Virgen de los Reyes, hasta entonces de gestión directa por parte del IMD.

Pero a partir de marzo de 2001, Surpool habría dejado de atender sus obligaciones frente a la Seguridad Social, ocasionando que el propio IMD hiciese frente a una deuda de 500.221 euros por este extremo, como "responsable solidario" del impago. Surpool, además, habría omitido el pago del canon implícito en la concesión administrativa, llegando a adeudar unos 138.803 euros al IMD.

Las deudas de la empresa con la Seguridad Social, según la documentación recogida por Europa Press, motivaron el embargo de la concesión administrativa, subastada en abril de 2011 por la Agencia Tributaria en favor de Atlántico Sur, que tomó posesión del recinto deportivo al mes siguiente.

CERRADA EN 2014

Finalmente, en agosto de 2014 el IMD ordenó el cierre cautelar de estas instalaciones deportivas por deficiencias de seguridad e higiénico sanitarias y ya en octubre de ese año, tras no pocos conflictos con la nueva empresa gestora, declaró la plena "caducidad" de la concesión administrativa de la que gozaba Atlántico Sur, recuperando así el control del recinto.

No obstante, en el último trimestre de 2017, el IMD aprobó licitar

una concesión administrativa destinada a que una empresa construya un nuevo centro deportivo sobre esta piscina cubierta.

Para defender esta nueva concesión administrativa, cuya adjudicación fue aprobada con el voto contrario de Participa e IU y el apoyo del Gobierno local del PSOE, el PP y Ciudadanos, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, David Guevara (PSOE), defendía que los informes técnicos elaborados sobre la antigua piscina habrían puesto de relieve que su reapertura necesitaría una inversión pública de unos 4,5 millones de euros, dadas las diferentes patologías del recinto y la obsolescencia de los equipamientos respecto a las actuales normativas.

Así, en febrero de 2018, el Ayuntamiento adjudicó a Forus Deporte y Salud la concesión correspondiente a la construcción del nuevo centro deportivo, con una inversión requerida de once millones para crear un recinto con dos nuevas piscinas cubiertas, salas de musculación, una zona de "spa" y un aparcamiento subterráneo, con un canon anual de 305.000 euros y la explotación comercial del nuevo recinto durante 40 años.

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