El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Sevilla ha estimado la demanda de La Puebla Puede (LPP) contra el Ayuntamiento de La Puebla del Río, gobernada por Manuel Bejarano (PSOE), al considerar que los acuerdos para otorgar complementos de productividad a los trabajadores municipales, con el informe desfavorable de la Intervención y la Secretaría, suponían un "uso indebido" y una "clara desviación" respecto a lo que este concepto debería abarcar, ya que esas cuantías debían recogerse en la relación de puestos de trabajo (RPT) al no recibirse por acciones puntuales.

En un comunicado, LPP informa de que su concejal, María Rodríguez Adame, interpuso recursos contra los acuerdos municipales relativos al programa de productividad para los encargados de los servicios de deportes, de cementerio y de obras y servicios y para el coordinador de servicios generales, asó como el dirigido a la aprobación y calendario de productividad de los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local, siendo desestimados por el Consistorio.

Esto llevó a la formación a recurrir a la vía contencioso-administrativa, periodo en el que el equipo de gobierno "comenzó a trabajar de modo apresurado en un convenio que permitía regular los complementos" y que fue aprobado con el apoyo de LPP. Por ello, Rodríguez explica que, aunque el juzgado les ha dado la razón, no pedirán que los empleados tengan que devolver lo cobrado al no considerar "justo que, por un error reiterado del equipo de gobierno, los trabajadores tengan que endeudarse para pagar esa cantidad de dinero".

Según la sentencia, recogida por Europa Press, desde La Puebla Puede se advertía del "uso desnaturalizado y contrario a derecho que se hace del complemento de productividad" en el Consistorio, teniendo en cuenta, además, que los planes desarrollados por el Ayuntamiento para realizar esos abonos habían sido informados desfavorablemente por parte de la Intervención y de la Secretaría municipal, al entender que no era algo puntual sino que responde a "características de los puestos que no se encuentran suficientemente valoradas en el complemento específico de sus puestos de trabajo".

Mientras, el Consistorio argumentaba que se había empleado ese sistema hasta que se produzca una valoración de los puestos "teniendo en cuenta la falta de personal del departamento de obras municipal, la acumulación de funciones y la necesidad de contar con personal con la disponibilidad necesaria para poder solventar las situaciones que puedan plantearse". Además, incidía en que había sido aprobado un nuevo programa de productividad para 2018.

En este sentido, la juez entiende que, con ello, el Ayuntamiento viene a reconocer el "uso indebido" del complemento de productividad, "sin perjuicio de que las retribuciones puedan ser encuadradas en otro tipo de complemento mediante el que se retribuyan los conceptos indicados".

"No consta en ninguno de los dos planes de productividad recurridos en los términos que se indican en el informe de Intervención la atribución de objetivos, ni justificación de la cuantificación. La justificación que se hace en las resoluciones recurridas no puede servir de base para la concesión de un complemento de productividad", subraya la juez.

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