Así se ha acordado en un auto del Juzgado de Instrucción número 12 de València de homologación del acuerdo alcanzado entre la compañía naval y los afectados por el amianto, fechado el pasado 8 de febrero y contra el que cabe recurso en el plazo de cinco días. Las partes han sido convocadas el próximo día 15 en la Ciudad de la Justicia de València con el fin de materializar el acuerdo.

La denuncia que originó este procedimiento tiene su causa en la aparición en los denunciantes de una serie de dolencias pulmonares como consecuencia de la exposición al amianto durante los periodos temporales que estuvieron prestando sus servicios para Unión Naval.

A través de este acuerdo, Unión Naval hace frente con estos 21,5 millones a las indemnizaciones a los afectados, que llegan hasta los 100.000 euros en el caso de cada uno de los trabajadores ya fallecidos. A cambio, los reclamantes renuncian a emprender cualquier tipo de acción encaminada a pedir nuevas prestaciones por los daños y prejuicios sufridos hasta ahora u otros que pudieran sobrevenir relacionados con la exposición al amianto u otras sustancias.

"MIEDO A QUE SALGA ALGO"

En declaraciones a Europa Press, dos de los afectados, J.D., que actuó como oficial de primera de Tallerería en Unión Naval, y C.T., que ejerció de electricista, han explicado que el amianto estaba "por todos los sitios", como en los tableros de los camarotes o en la sala de máquinas de los barcos.

Han indicado también que hasta el año 2000, con la reparación del remolcador 'Ártico', se estuvo trabajando en embarcaciones en los que se había utilizado este material y hubo una "falta de información" y de "medios de protección".

Estos dos extrabajadores de la naviera han asegurado que han sufrido repercusiones psicológicas, ya que afirman que tienen "miedo a ir al médico y que salga algo o que se haya afectado a la familia". "En cualquier momento te sale mesotelioma y sabes que tienes seis meses de vida", han señalado.

FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS

Precisamente en estos momentos se encuentra en negociación en el Congreso una ley para indemnizar a víctimas del amianto y el pasado 27 de enero los grupos del Congreso alcanzaron un preacuerdo para delimitar qué cotizaciones sociales y fondos de la Seguridad Social servirán para nutrir el fondo de compensación para este fin.

La iniciativa, impulsada desde el Parlamento del País Vasco para establecer un fondo de compensación para víctimas de este material cancerígeno, celebró su debate de totalidad en octubre de 2017 pero por sucesivas prórrogas en su fase de enmiendas no se pudo iniciar su negociación en ponencia hasta más de un año después.

Ahora, los grupos han comenzado su negociación, llegando la pasada semana a los primeros consensos en torno a su organización, su finalidad y los recursos de los que dispondrá por ley.