En el primer comunicado hecho público por el Comité de Empresa, el organismo ha transmitido su "apoyo y solidaridad a los profesionales de la Radio y Televisión Pública de Andalucía (RTVA) y sus sociedades".

"Los representantes de los trabajadores de la plataforma de medios de comunicación públicos del País Valenciano consideramos inaceptable la amenaza de cierre a Canal Sur que ha hecho la formación política Vox y expresamos nuestra preocupación ante la propuesta de redimensionar el grupo", aseveran.

Añaden que "el Partido Popular y Ciudadanos harían bien en recordar a su socio de gobierno que la radiotelevisión pública andaluza es un servicio público, cuya continuidad está avalada y protegida por una ley orgánica, como es el Estatuto de Autonomía de Andalucía".

Al mismo tiempo, manifiestan su "rechazo ante la extensión de estas amenazas a otros medios de comunicación públicos con una figura de protección menor, como por ejemplo Telemadrid o la misma À Punt, que, debido a la proximidad de los comicios autonómicos, se han vuelto a convertir en sujeto de especulación por parte de algunas formaciones políticas".

En la misma línea, el comité denuncia "cualquier injerencia política que no sea para apuntalar la independencia de los medios de comunicación del sector público de las presiones de los partidos y del poder económico".

En este punto, recuerdan que los trabajadores del audiovisual de la Comunitat Valenciana tienen muy presente "el trauma de dos expedientes de regulación de empleo y el cierre definitivo de Canal 9-RTVV" durante el mandato en la Generalitat del 'popular' Alberto Fabra.

"Y desde esta dolorosa experiencia, censuramos en voz alta la arbitrariedad de las nuevas amenazas que vuelven a situar en el punto de mira un servicio público, con la tortura que sabemos que representa para los profesionales y sus familias", reivindica el comité, que concluye deseando "unos medios de comunicación públicos de calidad en el Estado español".