Fines de semana, coto a eso de desplazarse sin viajeros y ocho horas al día con el freno de mano echado. El Ayuntamiento de Madrid quiere impedir que una licencia VTC se pueda emplear de forma ininterrumpida. Para ello, pretende aprobar una ordenanza que ponga a este sector bajo el mismo régimen de descansos que el taxi, obligado a parar dos de cada siete días y a no circular más de 16 horas seguidas.

El Ejecutivo de Ahora Madrid ha anunciado este martes que iniciará una ronda de consultas para sacar adelante su normativa antes de que lleguen las elecciones. Las negociaciones con los profesionales, que se iniciarán esta semana, serán el primer paso de un procedimiento que pasa por la aprobación del borrador, la apertura de un periodo de alegaciones, la elaboración de una propuesta definitiva y su votación en Pleno. Un calendario que obliga al Consistorio a ser milimétrico con los tiempos si no quiere que le pillen las urnas.

Además de los descansos, el equipo de Manuela Carmena pretende impedir que estos vehículos estacionen a menos de cien metros de los muchos nodos de transporte que atomizan la capital. Eso reserva para el taxi el contacto inicial con potenciales usuarios en aeropuertos, estaciones o intercambiadores. El objetivo, dicen, es pura movilidad: "garantizar la fluidez del tráfico" en el perímetro y combatir una eventual sobreoferta en los accesos.

Al tiempo, el borrador, según fuentes municipales, prevé limitar los llamados viajes en vacío, los que se realizan sin pasajeros y tras los que los taxistas ven una estrategia para captar clientes a pie de calle. La idea es hacerlo en función de la categoría ambiental de cada VTC, condicionando un máximo de kilómetros a cómo de contaminante es cada coche. De esta forma, los que no tengan distintivo solo podrán circular a solas un 25% de sus desplazamientos, en una gradación que llegará al 65% en el caso de los más verdes, los ECO. Por último, el Consistorio apuesta por crear un registro municipal de autorizaciones de VTC y exigir que estos conductores lleven consigo hojas de reclamaciones.

Ahora, el Ayuntamiento mira de reojo a la Comunidad. La delegada Inés Sabanés ha asegurado que todo lo propuesto cae dentro de sus competencias y no ve razones "jurídicas" para que el Ejecutivo del PP recurra su texto. El presidente Ángel Garrido, que ha soslayado las protestas de los taxistas sin admitir concesión alguna, no ha aprobado su propia normativa para las VTC, algo que habría servido de referencia para el Consistorio. "Como no ha podido ser", la ordenanza se establecerá en sintonía con "los criterios" del decreto del Gobierno central, ha argumentado la edil.

En septiembre, el Gobierno central dejó en manos de las autonomías vía decreto la reglamentación de las VTC. Sin embargo, el Congreso aprobó tramitarlo como ley con los votos del PP y, más allá de la reunión anunciada para el próximo martes entre Fomento y las comunidades, el debate sigue pendiente. Esta parálisis ha servido a la Comunidad de argumento para no regular aún el sector.

En este contexto, el Ayuntamiento esgrime que, mientras no se diga lo contrario, aquel decreto le da competencias suficientes para establecer límites en base a criterios de movilidad. El Ejecutivo regional puede recurrir la ordenanza si ve que invade su terreno, pero es algo que parece descartado. El vicepresidente Pedro Rollán ha reconocido ya que la iniciativa de Madrid estaba entre las "atribuciones que tiene la Administración local".

El Consistorio quiere empezar a negociar ya con los portavoces del sector. El tiempo juega en su contra. Hasta las elecciones, quedan solo tres plenos de carácter ordinario para que Cibeles apruebe la ordenanza. Un texto al que le quedan unos dos meses de trámite.

Las protestas de los taxistas no han conseguido que el Gobierno regional acometa la "reforma exprés" de las VTC anunciada hace un mes. Garrido la rechaza a día de hoy, ya que no ve "consenso suficiente", lo que relega esta misión a la siguiente legislatura.

La hoja de ruta del PP solo pasa por modificar el reglamento del taxi, al que deberán adaptarse las ordenanzas municipales. Esa reforma está "muy avanzada", según Rollán, quien ha indicado hoy que permitirán los trayectos compartidos, conocer el precio máximo antes de arrancar, aumentar el tope de plazas a nueve o pagar con el móvil.