Así se ha pronunciado Guerrero en declaraciones a los medios después d que el pasado jueves se conociera que los magistrados de las cuatro secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla, en Pleno jurisdiccional de 25 de enero de 2019 y con el voto favorable de todos los asistentes al mismo -19 magistrados-, acordara ordenar al titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla adoptar "las medidas oportunas para que se extiendan las correspondientes actas escritas de las declaraciones judiciales que obren en la causa y grabadas en CD, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)".

Atendiendo a este auto, la Fiscalía Anticorrupción, con adhesión de la acusación del PP-A, solicitó la pasada semana a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que se transcribieran las declaraciones en fase de instrucción en una de las piezas abiertas en la causa que investiga a la Fundación Andaluza Fondo para la Formación y Empleo (Faffe).

Precisamente, esta instructora, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, decidió suspender declaraciones previstas en piezas separadas el pasado viernes y ya ha puesto en conocimiento de la Junta esta situación, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Guerrero ha informado de que sus compañeros no le han trasladado la situación para ser abordada en una futura Junta Sectorial de magistrados jueces de Instrucción de Sevilla. En este sentido, ha expresado que "se deben adoptar todas las medidas técnicas al alcance de la Administración -en este caso la Junta de Andalucía- para solventar el problema".

Esto es, un medio técnico que permita "al momento" la grabación y la transcripción de las declaraciones, pero la solución debe "adoptarse" por la Administración autonómica, con independencia de qué documento tenga valor, el digital o la transcripción, pues no se puede dar fe por parte de los Letrados de la Administración de Justicia dos veces de un mismo acto.

Guerrero ha señalado que las transcripciones de las declaraciones ha de tomarse como un instrumento más al servicio de la Justicia como lo puede ser una fotocopia.

"Lo que hace falta son medios técnicos de apoyo a la gestión cotidiana de los tribunales", ha insistido el juez decano, a quien no le consta "oficialmente" suspensiones por esto motivo, así como ha negado que exista malestar entre los jueces de instrucción.

"HOY POR HOY ES IMPOSIBLE"

No obstante, ha afirmado que "no hay que negar el devenir de los tiempos y los expedientes digitales se impondrán, pero no tenemos medios técnicos para permitir como instrumento de apoyo las actas de transcripciones, que hagan más sencilla y faciliten las búsquedas entre las declaraciones en los juicios".

De otro lado, fuentes judiciales han señalado a Europa Press que tampoco existe malestar entre los Letrados de la Administración de Justicia tras este auto, que señala que los beneficiarios de las grabaciones son los profesionales de este cuerpo y los jueces de instrucción.

Además, han señalado que en una reciente reunión con la Junta, para abordar otras cuestiones, los Letrados de la Administración de Justicia le han trasladado esta nueva situación, admitiendo la representante del Gobierno andaluz que trabajan para mejorar el sistema actual de grabación por uno "más potente" que permita señalar y trabajar sobre las grabaciones.

"Hoy por hoy es imposible y no existe un sistema de transcripción simultánea de las grabaciones", han asegurado estas fuentes, que habrá que estudiar y plantear a la Junta de Andalucía. En este sentido, han precisado que en ningún comunidad autónoma existe tan sistema y han planteado que habría que hacer consultas a la ONCE, organización que "mejor maneja" sistemas y herramientas en este ámbito.

Desde los Letrados de la Administración de Justicia existe "preocupación" por este asunto pero también entienden a los magistrados de la Audiencia, si bien apuestan por "estar en el siglo XXI, con los adelantos y herramientas tecnológicas más potentes".

"Volver atrás no es lo más adecuado", advierten las citadas fuentes, que insisten en que "lo más importante es que exista un sistema que garantice la transcripción inmediata" de las declaraciones.

La resolución de los magistrados de las secciones penales de la Audiencia, cuya ponente es Mercedes Alaya, "en modo alguno tiene naturaleza gubernativa sino que ha entrado en el fondo de cuestiones absolutamente jurisdiccionales y de defensa de derechos fundamentales".

"Anticipamos en la presente resolución judicial, sin perjuicio del caso concreto, que supuestos como el que ha sido sometido a revisión pueden derivar en la nulidad de la apertura de la fase intermedia o de resoluciones dictadas en el seno de la misma por inidoneidad de la documentación de las diligencias sumariales para su reproducción en el acto de juicio oral", concluía el auto.