De este modo, los empleados, que fueron condenados en 2011 a tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y a una multa de cinco euros diarios durante doce meses, verán conmutada su pena de prisión por otra sanción económica de seis euros al día a lo largo de dieciocho meses.

Estos sindicalistas del sector del transporte habían sido condenados tras participar en un piquete durante una huelga en el año 2008. Posteriormente, en 2014, el Parlamento de Galicia respaldó de forma unánime la petición del indulto parcial para evitar que ambos ingresasen en prisión.

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