Así, el Consejo de Ministros ha aprobado presentar este recurso contra determinados artículos de esta ley que impulsada por Chunta Aragonesista (socio de Gobierno del PSOE en Aragón). Entre otras cuestiones, la ley hace referencia a que esta comunidad autónoma es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral.

En concreto, el Ejecutivo socialista señala que el recurso tiene por objeto la impugnación de hasta 23 artículos, algunos en su totalidad y otros parcialmente, así como varias disposiciones de la ley. Uno de ellos, el artículo primero, además de hacer referencia a que Aragón es una nacionalidad histórica, señala que la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España "no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos".

Para el Gobierno de Sánchez, la ley aragonesa "incurre en diferentes reproches de inconstitucionalidad" que vulneran por ejemplo la Disposición adicional primera de la Constitución. Esta Disposición señala que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.

A esto, suma que vulnera "los principios de soberanía nacional y constitucional y del derecho a la autonomía, y que supone una "infracción de las competencias estatales en los ámbitos específicos de patrimonio, hacienda y justicia".

DERECHOS HISTÓRICOS DE ARAGÓN

El pleno del Parlamento de Aragón aprobó esta ley de actualización de los derechos históricos de Aragón, texto que fue presentado como proposición de ley por Chunta Aragonesista, en junio de 2018. Contó con el apoyo de PSOE, Podemos, Partido Aragonés e IU, mientras que PP y Ciudadanos se mostraron contrarios a su aprobación.

La ley define a Aragón como una nacionalidad histórica de naturaleza foral, "cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento".

Asimismo, afirma que esta Comunidad, "en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y sus lenguas, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios".

Una vez presente el Gobierno el recurso ante el Tribunal Constitucional, la ley dejará de tener vigencia hasta que el Alto Tribunal decida si admite a trámite o no el recurso.