Dia
Un local de Dia, en una imagen de archivo. EP / ARCHIVO

El Grupo Dia revisará su red de tiendas y cerrará o venderá aquellas que no sean rentables, después de haber anunciado este viernes un expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 2.000 empleados.

En concreto, el consejero delegado de la compañía, Borja de la Cierva, ha indicado a los analistas que la firma tiene intención de revisar su red de establecimientos para detectar los que son viables, mientras que se procederá al cierre, traspaso o ventas de los que no sean rentables.

Sin embargo, fuentes de la compañía no han precisado el número de cierres que está previsto realizar durante este ajuste de su red comercial.

Por otro lado, la cadena de supermercados ha recordado que sigue el proceso de venta de Clarel y de Max Descuento, mientras que apuesta en su nuevo plan estratégico por potenciar los formatos de La Plaza y Dia&Go, sobre todo éste último, que incrementará el número de tiendas en los próximos años sobre los 144 establecimientos actuales.

El grupo ha anunciado este viernes por la mañana el despido de un máximo de 2.100 trabajadores en España con el fin de asegurar la sostenibilidad futura de la compañía y reforzar su posición global, tras cerrar 2018 con unas pérdidas de 352,58 millones de euros, frente al beneficio de 101,20 millones de euros registrado un año antes.

En España, las ventas brutas descendieron un 2,4% en 2018, hasta los 5.148 millones de euros. No obstante, la venta 'online' aumentó un 37% alcanzando los 78 millones de euros, un 1,5% del total de las ventas brutas del país.

La compañía, que ha presentado sus resultados la misma semana que en la que LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, ha lanzado su OPA, ha achacado los 'números rojos' al impacto de 288 millones de euros tras el test de valoración de los activos. Sin estos efectos, el resultado neto ajustado es de 49,7 millones de euros, lo que significa un descenso del 74% con respecto a hace un año.

Indemnizaciones millonarias

Además, el Grupo Dia ha denunciado ante la fiscalía las prácticas contables irregulares detectadas en las cuentas de la compañía en 2017 tras haber finalizado su investigación.

En concreto, la cadena de supermercados ha llevado a cabo en los últimos meses una investigación para esclarecer determinados ajustes contables en sus cuentas, según ha informado en un comunicado.

De esta forma y tras acabar la investigación y como resultado de ésta, la firma ha denunciado ante la fiscalía continuando con el ejercicio de "diligencia, responsabilidad y máxima transparencia" desde el momento en el que tuvo conocimiento de los ajustes contables.

La cadena de supermercados abrió una investigación, con el apoyo de asesores forenses, en España y Brasil que han puesto de manifiesto la existencia de prácticas irregulares que habrían sido realizadas por determinados empleados y directivos, incluyendo algunos miembros de la alta dirección, eludiendo los controles internos establecidos por la firma.

La investigación en España está completada, mientras que en el caso de Brasil aún no ha finalizado.

Estudia reclamar retribuciones a Currás y Coto

Además, la enseña está analizando reclamar a Ricardo Currás y Antonio Coto, los cesados ex consejeros delegados de la firma, las retribuciones que cobraron en 2018, según consta en el informe de gobierno corporativo de la compañía, en que el que reconoce las prácticas contables irregulares realizadas por determinados empleados y directivos en España y Brasil.

En concreto, la comisión de Nombramientos y Retribuciones está analizando, para su elevación al consejo de administración, la activación de las cláusulas 'clawback' sobre las distintas retribuciones abonadas a los consejeros ejecutivos cesados en 2018 y, en el caso de Currás, la reclamación de la devolución de cualquier cantidad que pudiera proceder.

A la espera de que dicha comisión y el consejo de administración tomen la decisión que corresponda, Dia ha suspendido el abono de la contraprestación económica por la obligación de no competencia post-contractual.

En concreto, Currás, que fue cesado a finales de agosto de 2018, cobró ese año un total de 2,55 millones de euros (2,15 millones en metálico), de los que, la mayor parte, 1,64 millones de euros, correspondió a su indemnización por despido, y 497.000 euros al sueldo.

Adicionalmente, como contraprestación económica por la obligación de no competencia post-contractual asumida en su contrato y en la política de retribuciones, Currás comenzó a percibir una compensación equivalente a una anualidad de la retribución fija anual que estuviera percibiendo al tiempo de la extinción y que ascendía a 606.600 euros.

Dicha compensación se distribuía a prorrata y se abonaba por meses vencidos en 12 pagos mensuales, cada uno de ellos en cada mes natural de duración del compromiso asumido. En 2018, Dia abonó a Currás el importe de 101.100 euros por dicho concepto, correspondiente a dos mensualidades.

Por su parte, Coto, consejero delegado que sustituyó a Currás hasta el pasado 28 de diciembre, percibió un total de 261.000 euros, retribución que ahora también puede ser reclamada. El segundo exconsejero delegado de la compañía, también cesado, tenía un sueldo de 208.000 euros.

Según explica la firma, los contratos de los consejeros ejecutivos incluyen una cláusula por la que se puede reclamar el reembolso de los importes percibidos en concepto de retribución variable anual y plurianual, en caso de que en los tres años siguientes a su liquidación y abono se ponga de manifiesto que éste se ha producido "total o parcialmente en base a información cuya falsedad o inexactitud grave quede demostrada a posteriori, de forma manifiesta" o afloren riesgos "que tengan un efecto negativo material sobre las cuentas de resultados".