Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha presentado su 'Informe Anual 2018', donde denuncia que en España "la revelación de secretos se sigue usando como arma arrojadiza contra los profesionales de los medios" de comunicación.

Para la organización, es "especialmente llamativo" el caso de la redactora de Europa Press Baleares y del periodista de 'Diario de Mallorca', Blanca Pou y Francisco Mestre, a quienes la Policía Nacional confiscó los teléfonos móviles, ordenadores y otro material de trabajo para averiguar la autoría de una filtración.

En 2018, los periodistas "se han seguido topando con obstáculos por atribuírseles un deber que en ningún modo les corresponde: el de la custodia de los casos bajo secreto sumarial. La revelación de secretos se sigue usando como arma arrojadiza contra los profesionales de los medios", critica RSF en el documento.

Según indica RSF, "aunque no con el mismo nivel de crispación que el año anterior, el foco de atención se ha posado, de nuevo en 2018, sobre Cataluña, que ha vuelto a ser testigo de un clima de hostilidad con los periodistas, especialmente duro para los reporteros a pie de calle".

En este sentido, RSF vuelve a poner el foco en la situación política en Cataluña y sus efectos sobre los medios. Así, recuerda el ataque a Crónica Global, reivindicado por la asociación juvenil independentista y anticapitalista Arran, "en lo que constituye un hecho insólito desde el fin del terrorismo de ETA".

Además, denuncia la "brutal" agresión sufrida por el fotoperiodista Jordi Borràs, presuntamente amanos de un miembro de la Policía Nacional; los puñetazos recibidos por un cámara de Telemadrid, que cubría una protesta contra los lazos amarillos.

Asimismo, el documento critica que en el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña "se produjeron, durante los directos, toda clase de hostigamientos a reporteros de las cadenas de televisión españolas, por parte de manifestantes independentistas".

Del mismo modo, RSF señala que "como era previsible, el 12 de octubre, fiesta nacional de España, periodistas de medios catalanes "sufrieron las mismas increpaciones y muestras de agresividad, por parte de manifestantes españolistas". RSF hace un llamamiento "a que la situación se normalice y a que los medios colaboren para ello", si bien cree que "los incidentes están lejos de haber terminado".

Por otra parte, la organización se refiere en su informe al "polémico sesgo independentista" que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que engloba a la cadena TV3 y a la emisora Catalunya Ràdio, aplica a sus contenidos informativos, según denuncia la oposición; y por una "decepcionante" renovación de sus órganos de gobierno, que "mantiene la opacidad y la falta de independencia en la elección de sus miembros". "Todo ello ha sido denunciado por sus profesionales", apostilla.

Respecto a RTVE, la organización destaca que las "rencillas" entre grupos parlamentarios han hecho "imposible" la renovación de su Consejo de Administración, y añade que el nombramiento de una administradora única provisional "ha calmado temporalmente las aguas, si bien urge que se desbloquee el desacuerdo partidista" sobre el modo en que ha de realizarse el concurso público.

En su informe, RSF destaca también que 2018 ha sido "un año controvertido" para la libertad de expresión en España y "su impacto en la libertad para informar". En su opinión, "un exceso de condenas amparadas en delitos como enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona u ofensa a los sentimientos religiosos ha creado un clima con demasiadas rigideces para el libre ejercicio de la expresión y la información".

En relación con la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores 'Ley Mordaza', la organización recuerda que "el PSOE se había comprometido" a derogarla en la oposición. "Pese a los atisbos de negociación con el resto de fuerzas parlamentarias para dejar sin efecto algunos de sus artículos más polémicos, y aunque los grupos políticos en el Congreso se han reunido para abordar tímidamente el asunto, la norma sigue vigente y en pie, penalizando a ciudadanos anónimos y periodistas", añade.