El juzgado de Instrucción número 1 de Burgos ha archivado la querella presentada por la Univerdidad de Burgos (UBU) contra Santiago Cuesta, exdirector del Centro Internacional de Materias Primas Críticas (ICCRAM), al que acusaba de un posible delito de revelación de secretos y de apropiación indebida.

"La cruzada en la que se ve inmersa la UBU en su afán por 'buscar delitos' de la más variada naturaleza que imputar al investigado excede con mucho de los fines del proceso penal", reza la sentencia a la que ha tenido acceso 20minutos.es.

La UBU sostenía en su querella que el científico habí aperticipado en perjuicio de la institución universitaria al constituir el Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León (ICAMCyL), una fundación con sede en León, de la que Cuesta es director desde febrero de 2018, cuando todavía era responsable del Centro Internacional de Materias Primas Críticas de la UBU, al que unía un contrato de dedicación exclusiva.

Además, la querella sostenía que Cuesta se había llevado a la ICAMCyL uno de los proyectos que estaba desarrollando en la UBU. Sin embargo, para la jueza "no consta prueba suficiente de que dicha participación fuera irregular o ilícita", ya que, según las pruebas practicadas, "el investigado no solo no tenía ninguna cláusula de confidencialidad o exclusividad con el ICCRAM, sino que, tras una excedencia voluntaria, había sido contratado por el ICAMCyL en febrero de 2018.

La resolución recoge, asimismo, que el viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, declaró como testigo tras la admisión a trámite de la querella y dejó "claro" que la actuación de Santiago Cuesta se llevó a cabo siempre a "instancias" de la Junta de Castilla y León que, conocedora de la "valía profesional (de Cuesta) y los problemas laborales que entonces ya tenía con la UBU, estaba interesada en él".

A ello se suma también el testimonio del presidente del ICAMCyL, Alberto Fernández, que afirmó que la labor de Cuesta era de "asesor externo" y que no tenía intención de quedarse sino de irse fuera de España. Por ello, la jueza sentencia que "se ingnora en qué extremo pudo el querellado con esta actividad de asesorameinto (que no fue remunerada) perjudicar los intereses de la Universidad de Burgos cuando, contractualmente, nada le impedía hacerlo".