En la concentración han tomado parte medio centenar de personas para apoyar a las familias de Lourdes, de San Sebastián, y de Aitor y Miren, de Pasaia, "familias vulnerables con hijos menores". Asimismo, han participado miembros de las asociaciones de jubilados Duintasuna y GEPE, sindicatos como ELA, LAB y ESK y representantes de partidos políticos como EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Irabazi y Equo.

Los portavoces de Stop Desahucios han informado de que en el caso de Lourdes, la Fundación Zorroaga, tras mantener distintas conversaciones con Alcaldía donostiarra, "ha decidido presentar ante el juzgado, una vez transcurrido los dos meses de suspensión de la demanda de desahucio por impago de alquiler, la retirada de la misma".

En ese sentido, va a permitir que esta donostiarra y sus tres hijos permanezcan en la vivienda, propiedad de la Fundación, hasta que Etxegintza les proporcione una vivienda de alquiler social, "tal y como contempla el punto tercero de la Resolución Aprobada en el Pleno del

pasado 22 de noviembre sobre la aplicación del dictamen obligatorio del Comité DESC de Naciones Unidas sobre los colectivos vulnerables y con hijos menores que vayan a ser desalojados".

La plataforma ha apuntado que, en el caso de la pareja pasaitarra, con una hija de tres años y en avanzado estado de gestación, Etxebide "no ha contestado aún a la petición que le ha hecho el Ayuntamiento de Pasaia de una adjudicación directa de una vivienda de alquiler social".

FAMILIAS

"Se trata de familias con hijos menores y cuyos ingresos les impiden acceder a un alquiler libre de mercado, debido a la burbuja especulativa de los precios del alquiler, la proliferación de pisos turísticos, la imposibilidad de acceso al crédito para la compra para familias mileuristas y, sobre todo, la insuficiencia del parque público de viviendas protegidas en alquiler", ha afirmado.

Por ello, ha denunciado que "se permita a los mismos bancos que han provocado cientos de miles de desahucios ilegales, basados en innumerables cláusulas abusivas, que regalen estas viviendas desahuciadas a los fondos buitres, para que sigan especulando e inflando ahora el mercado de alquiler".

Además, ha criticado el "insuficiente parque público de viviendas de alquiler social", así como el "alarmante número de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de los bancos", todo lo que "provoca que los Derechos Humanos no se estén cumpliendo, como es el de acceder a una vivienda digna".

"Parece mentira que haya instrumentos en Euskadi como el convenio de Eudel, Gobierno Vasco Y CGPJ, aprobado en 2013, para detectar los casos de desahucio de colectivos vulnerables para garantizarles una vivienda antes de verse en la calle y que, a día de hoy, más de 5 años después, por la desidia de los firmantes, no se haya puesto en marcha", ha lamentado.

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