Uno de cada tres divorcios acaban con pensiones impagadas

  • Los jueces llegan a embargar la nómina.
  • En 2007 en Euskadi, el 33% de las 3.280 rupturas matrimoniales fueron contenciosas.

Qué bonito es el amor, y qué amargo el desamor. En una de cada tres rupturas matrimoniales en Euskadi el pasado año se incumplieron las medidas acordadas en la sentencia. Una de las partes no pagaba la pensión o incumplía el régimen de visitas a los hijos, según dio ayer a conocer el Departamento de Justicia.

En 2007, los juzgados rompieron 3.280 matrimonios. El 93% fueron divorcios (3.072 casos) y el 7%, separaciones (208 casos).

Pero los incumplimientos no quedan impunes. Los jueces el pasado año dictaron 1.500 procedimientos de ejecución forzosa. Éstos obligan al infractor a cumplir con las medidas acordadas.

El 70% de estas órdenes judiciales fueron encaminadas a que el incumplidor pague la pensión que debe. «El embargo de la nómina está entre las medidas coercitivas más eficaces», apuntó Joseba Azkarraga, consejero de Justicia. El 14% de los procedimientos de ejecución forzosa evitan los abusos en el régimen de visitas a los hijos.

Romper una relación es delicado, aunque en Euskadi, el 67% de las rupturas matrimoniales en 2007 fueron de mutuo acuerdo. El 33% restante fueron contenciosos.

Para Azkarraga, éste es un dato positivo. En 2005, la ley cambió y llegó el divorcio exprés, un procedimiento para romper el matrimonio más rápido y barato. Pese a las voces agoreras, en Euskadi no ha aumentado la conflictividad en estos procedimientos.

Lo que sí se ha incrementado tras el cambio legislativo es la vía del divorcio para disolver un matrimonio. El 93% de las rupturas matrimoniales en 2007 fueron divorcios. En 2002, supusieron sólo el 39%. Las ventajas del divorcio exprés han animado a las parejas a tomar esta vía para su ruptura.

Todos los ex cobrarán

El Gobierno vasco prevé tener listo para junio su fondo de pensiones para divorciados. Éste permitirá que las personas a las que su ex no le pasa la pensión reciban su dinero mensualmente del dinero público. Después, el Gobierno vasco se encargará de que el moroso pague lo que debe. Pretende evitar el desamparo de los divorciados, y sobre todo, de los que tienen hijos a su cargo.

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