El Principado refuerza la autoridad del profesorado y regula las normas de convivencia en los centros

  • El Gobierno del Principado ha aprobado este miércoles la modificación del Decreto por el que se regulan los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos. El cambio persigue "reforzar la autoridad del profesorado", según ha explicado en rueda de prensa el consejero de Educación, Genaro Alonso.
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La norma, que fomenta la resolución pacífica de conflictos y cuenta con informes favorables del Consejo Escolar del Principado y del Consejo Consultivo, atribuye a los docentes la condición de autoridad pública, al tiempo que establece la presunción de veracidad de los hechos que constaten y expresen por escrito en el ejercicio de sus competencias correctoras y disciplinarias.

Además, el texto detalla las competencias de los docentes frente a conductas inapropiadas y las medidas disciplinarias que se podrán aplicar directamente y se amplía la autonomía de los centros para planes propios de convivencia.

Al respecto, el consejero ha remarcado que la norma incorpora "la mediación" y tiene un "claro sentido educativo y no meramente disciplinario", con un "reglamento innovador, no sancionador sino corrector, que es preventivo más que paliativo".

Así, el Ejecutivo pretende asegurar que los docentes realicen con éxito su tarea, para lo que se incorporan en la norma distintos aspectos en desarrollo de la ley autonómica de Medidas de Autoridad del Profesorado. Por ejemplo, se hace referencia expresa a la necesidad de mostrar respeto por los derechos y la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de asegurar un clima positivo de convivencia.

Además, el ámbito de aplicación del decreto no se limita a las actividades que tienen lugar en el centro educativo y a aquellas que, aunque se celebren fuera de estos recintos, están directamente vinculadas a la vida escolar, sino también a las actividades complementarias y extraescolares que requieren la presencia del profesorado.

La norma actualizada facilitará también que los docentes ofrezcan una respuesta proporcionada ante posibles conflictos como las situaciones de acoso escolar derivadas, por ejemplo, del abuso o mal uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, Alonso se ha referido a la difusión de grabaciones de imagen o audio de miembros de la comunidad educativa sin consentimiento.

Con esta medida, el Principado pretende garantizar "el clima de respeto imprescindible para el ejercicio de la función docente, prime el mérito y el esfuerzo personal y eduque en la convivencia, los valores democráticos y la responsabilidad".

De este modo, Alonso ha asegurado que es "satisfactorio" para el Gobierno "en la convicción de que será herramienta para mejorar la convivencia en los centros", como garantía de calidad educativa.

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