Por ello, el coordinador de USAGA, Fernando Marrón, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que desde el colectivo presentarán las alegaciones oportunas y si aun así el decreto saliese adelante lo recurrirían ya que considera que parte de las medidas que contemplan son inconstitucionales.

"Estamos ante una ley que busca acabar con lo que los ganaderos hemos conseguido en los tribunales, pero pese a ello nosotros seguimos animando a todos los ganaderos a reclamar judicialmente los daños producidos por la fauna salvaje", ha indicado Marrón.

Y es que a juicio de USAGA resulta cuanto menos llamativo y sorprendente que este borrador salga justo cuando los tribunales dieron la razón a un ganadero de Cangas del Narcea y obligaron a la administración a abonar hasta siete veces más las cantidades con las que pretendían pagar los daños producidos en su ganado.

Para USAGA parece que lo que la Administración, con este decreto busca blindarse ante la posibilidad de reclamación de los ganaderos. "Se nos pide poner a disposición de los animales salvajes nuestros animales, y encima decirnos que no nos los van a pagar. Ni siquiera hacienda nos exige lo que nos exige este borrador, como conservar la factura de compra de un animal durante diez años, o pedir que cuando venga el guardia a certificar el daño firmes para renunciar a cualquier reclamación posterior, eso es ilegal", aseguran.