El ministerio público no ha detectado "la existencia de indicios racionales de la comisión de ninguna de las infracciones penales denunciadas", según consta en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.

En concreto, los administradores de B2B Salud presentaron una denuncia por un posible delito de prevaricación durante el proceso de reversión del Hospital de La Ribera, que antes gestionaba por concesión una UTE de la que forma parte dicha mercantil, y en relación a la contratación "con omisión de todo proceso de licitación pública los servicios informáticos que venía prestando B2B mediante un contrato de 'outsourcing' tras interponer a otra mercantil por medio, que se habría apropiado indebidamente del contrato y de los trabajadores de B2B para continuar prestando dicho servicio".

La central de compras de Ribera Salud también denunciaba otro posible delito de malversación de caudales públicos que, según expone la Fiscalía, "no resulta claramente descrito en la denuncia". Además, posteriormente, se presentó otro escrito de ampliación sobre "la irregular contratación de los servicios de coordinación de los sistemas informáticos de gestión" mediante presuntas falsedades documentales.

Ante todo ello, Fiscalía sostiene que, tras haber recabado la información precisa de los órganos gestores de Sanidad y del centro hospitalario y tras la práctica de diversas diligencias, "no se ha detectado la existencia de indicios racionales de la comisión de ninguna de las infracciones penales denunciadas", por lo que el Ministerio Público acuerda el archivo de la investigación.

"ENFRENTAMIENTO" CON "UN RELEVANTE GRADO DE LITIGIOSIDAD"

Por otra parte, la Fiscalía destaca en su resolución que estos hechos "traen causa y se enmarcan dentro de la situación de enfrentamiento provocada por las diferencias mantenidas entre los gerentes del grupo empresarial Ribera Salud, que antes gestionaba este hospital, con la autoridad sanitaria autonómica y con los responsables del nuevo equipo gerente desde el inicio mismo del proceso de reversión del servicio público de asistencia sanitaria integral".

Un proceso de reversión -continúa el escrito- "al amparo de lo acordado por la Conselleria de Sanidad en la resolución de 27 de marzo de 2017, que culminó el 1 de abril de 2018, y que ha generado un relevante grado de litigiosidad de ambas partes implicadas ante otros órdenes jurisdiccionales".