"Hoy es un día importante", ha afirmado De la Sierra, porque "culminamos la consecución de un objetivo ambicioso", que permite "dar garantías a los trabajadores, garantizar sus derechos, darles el ejercicio de autoridad necesario para su trabajo y, en definitiva, mejorar el servicio de cara al futuro".

Tal y como ha recordado el consejero, se trata de un compromiso asumido "con el Parlamento de Cantabria, con los ciudadanos" y con los trabajadores del 112 Cantabria -bomberos, jefes de sala y personal de administración- cuyo cumplimiento permite devolver el carácter público al 112 y fortalecerlo frente a los procesos de "desmantelamiento" del sistema público, la "privatización" de servicios y "despido" de trabajadores de la anterior legislatura.

Bajo la presidencia del consejero, forman parte del Consejo Rector constituido los directores generales de Administración Local, Pedro García Carmona; de Tesorería, Presupuestos y Política financiera, María Eugenia Gutiérrez; de Medio Natural, Antonio Lucio; de Obras Públicas, José Luis Gochicoa; el director gerente del Servicio Cántabro de Salud, Benigno Caviedes; el alcalde de Voto, José Luis Trueba, en representación de la Federación de Municipios de Cantabria, y David del Valle, miembro del comité de empresa del SEMCA, en representación de las organizaciones sindicales.

SEMCA

El Organismo Autónomo SEMCA, como órgano para la gestión del servicio autonómico de prevención, extinción de incendios y salvamento y la atención de llamadas de emergencia 112 fue creado mediante la Ley 6/2018, de 22 de noviembre.

Esta norma ha sido fruto del trabajo conjunto de distintos departamentos del Ejecutivo junto con las organizaciones sindicales y de la firma de un acuerdo unánime que hizo posible establecer la figura legal más acorde con la naturaleza y funciones del servicio de emergencias.

El 112 Cantabria, entidad que gestiona el teléfono de atención a emergencias y los seis parques de bomberos autonómicos, que venía funcionando como sociedad anónima unipersonal ha pasado a ser un organismo autónomo y ha recuperado su carácter público.

La figura del organismo autónomo permite una prestación del servicio de atención de emergencias más eficaz, integral y unificada, además de una estructura estable y sólida, alejada de los cambios políticos donde se garantice una continuidad en el mando desde la propia administración pública.

Asimismo, la gestión resulta más sostenible y eficiente, pues se aprovechan las estructuras y órganos de la propia Administración General.

Se reconoce también al personal como empleado público, lo que refuerza la respuesta operativa y se normaliza el uso de los bienes materiales para la prestación del servicio.