El presidente de la Agrupación Territorial de Las Palmas, Javier Álvarez, que presentó estos datos acompañado por el presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Ferrán Rodríguez, comentó que de esta cifra de empresas, 90 corresponderían a la provincia de Las Palmas y las 60 restantes a Santa Cruz de Tenerife.

"La Ley, aprobada por el Congreso de los Diputados, obliga a estas 150 empresas a presentar este informe, que tiene como objetivo medir, supervisar y gestionar el rendimiento y el impacto de las compañías en cuestiones sociales, medioambientales y relativas al personal, brecha salarial, respeto de los derechos humanos, asuntos relativos a la lucha contra la corrupción y el soborno", señaló Álvarez.

Por ello, las entidades afectadas tendrán que preparar un Estado de Información no Financiera (EINF) que contenga la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación de la entidad y el impacto de su actividad respecto de las mencionadas cuestiones y deberán utilizarse indicadores clave no financieros, que puedan ser generalmente aplicados, que cumplan las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Iniciative (GRI), debiendo mencionar en el EINF el marco utilizado para cada materia.

Además, Álvarez destacó que "si estas empresas de Las Islas Canarias no presentan o verifican la información no financiera, podrían correr el riesgo de que sus cuentas no sean inscritas en el Registro Mercantil".

Por su parte, Ferrán Rodríguez mostró su preocupación por la existencia de prácticas poco rigurosas detectadas en la elaboración y en la verificación de esta información.

"La información no financiera debe elaborarse siguiendo los estándares internacionales adecuados. Sólo así seremos capaces de generar en estos temas la confianza que la sociedad nos está exigiendo", comentó.