Francisco Javier Sacristán lleva en El Cairo desde finales de los 90. Dos años después de aterrizar en el país se casó con una egipcia que, según denuncia, "lleva tres meses" sin dejarle ver a su hija de once años. "He intentado contactar con ella por todos los medios pero sin éxito", lamenta en una conversación telefónica con 20minutos.

Este madrileño de 50 años, profesor de español del Instituto Cervantes, también acusa a la que aún es su mujer de impedirle entrar en casa y de haberse quedado con todas sus pertenencias, incluida la documentación. "He estado viviendo de mis amigos. Ahora estoy intentando ahorrar para alquilar un apartamento", afirma.

Francisco Javier relata que desde que nació la niña su pareja convirtió el matrimonio en un infierno con el objetivo de que él tomara la decisión de separarse. Acudió a su familia política para que mediara, pero pese a las muestras de apoyo, no tomaron cartas en el asunto, como tampoco lo hizo la Policía. "Me presenté con mi abogado pero no me hicieron caso. Aquí los agentes no intervienen en lo que ocurre de puertas para dentro de una vivienda", señala.

Su último recurso fue contactar con la embajada española, ante lo que se le presenta otro problema: "Desde hace poco más de un año mi mujer trabaja allí como auxiliar administrativo. El cónsul me dijo que hacían lo que podían pero que tampoco pueden intervenir". Esta semana se ha reunido con la senadora de Unidos Podemos Sara Vilà, quien se encuentra en el país para ayudar a Farah, una joven española a la que su marido tampoco la deja ver a su pequeño de tres años. "Me dijo que ha preguntado por mi caso pero que le han respondido que tienen las manos atadas ante la legislación egipcia".

Esa legislación establece que la custodia corresponde a la madre hasta que los hijos cumplen 15 años y este hombre teme que entonces solo vería a su pequeña "dos horas a la semana y en un lugar cerrado, como si fuera un delincuente". Por eso aboga por llegar a un acuerdo amistoso y por una custodia compartida, figura que sin embargo no existe en Egipto.

El acuerdo se presenta complicado, dado que el matrimonio, finalmente en proceso de divorcio, se ha denunciado mutuamente. Él le imputa a ella malos tratos y el hecho de haberle dejado indocumentado pero asegura no saber qué alega la otra parte en su contra. A la espera de que se fijen las vistas, está valorando la posibilidad de denunciarla también en España.

Francisco Javier considera que Exteriores sí podría intervenir en su caso puesto que él es ciudadano español, su hija tiene la doble nacionalidad y su mujer trabaja como funcionaria de la Administración española. "Tendrían que defender nuestros derechos, no solo míos, sino los de una menor", clama.