En todos los casos se daba la circunstancia de que los documentos habían sido expedidos por un mismo facultativo médico que ejercía en el Centro de Salud de Beniel.
Para corroborar los indicios existentes, se localizó y tomó declaración a un total de ocho inmigrantes, todos ellos de nacionalidad marroquí, que confirmaron haber sido llevados por otro compatriota hasta la consulta del médico en dicho Centro de Salud para que les expidiera los certificados y justificar la estancia en España desde tres años atrás para poder ser legalizados.
En todos los casos señalaron al detenido marroquí como el enlace, quien hacía de intermediario cobrándoles cantidades diversas de dinero, y en algunos casos pagándole incluso con hachís en partidas pequeñas que habían introducido desee Marruecos entre sus pertenencias.
Igualmente, se verificó la falsedad de los certificados aportados por los extranjeros mediante la consulta en los programas informáticos dependientes de Servicio Murciano de Salud (SMS).
La actividad del médico había adquirido tal predicamento entre la comunidad de inmigrantes irregulares marroquíes que la asistencia a su consulta era muy notoria, creando un real efecto "llamada" que los profesionales del Centro de Salud pusieron los hechos en conocimiento de Gerencia de Sanidad para la adopción de medidas disciplinarias.
De hecho, su conducta incluso produjo enfrentamientos de los inmigrantes con los facultativos del Centro que se negaban a esta práctica.
A su vez, los certificados médicos falsos, todos ellos firmados y rubricados por el médico detenido, eran expedidos con fechas adecuadas para justificar el tiempo necesario exigido para el arraigo y, en muchas ocasiones, por "encargo" de su enlace o intermediario para personas que ni siquiera acudían a la consultas.
Hasta el momento se han detectado cerca del centenar de documentos falsos, tramitándose la anulación de los permisos de residencia otorgados bajo su cobertura.
El detenido, y uno de los intermediarios de las falsificaciones, H.A., se encontraban en busca y captura por un delito de robo con fuerza. No obstante, las investigaciones siguen abiertas para determinar el volumen real del fraude, así como para identificar y detener a otras dos personas que, igualmente, actuaron como intermediarios en este entramado.
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