Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa el coordinador provincial de Podemos, Alejandro Serrato, que ha detallado que "estas subvenciones son esenciales, ya que se trata de personas en condiciones precarias que tienen que hacer frente a los elevadísimos alquileres que registramos en la provincia, siendo Málaga la cuarta más cara de todo el Estado y sin indicios de bajar, y de los sueldos más bajos".

En este sentido, la parlamentaria de Adelante Andalucía y Podemos, Vanessa García, ha criticado que a estas familias afectadas cuando van a reclamar a la Junta de Andalucía le ponen excusas de tardanza por el cambio de ejecutivo en Andalucía, "mientras que ya hemos visto en estos días como la señora Marta Bosquet, la presidenta del Parlamento andaluz, no ha dudado en aumentar los complementos de sueldo a su jefe de gabinete, pasando de 24.000 a 44.000 euros".

En este sentido, García ha criticado que estas ayudas a familias vulnerables tienen una cuantía máxima de 200 euros al mes, cuando la renta de alquiler media en la provincia para un piso de tres dormitorios supera los 800 euros.

Además, le ha exigido a la nueva consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, "que pague estas ayudas ya, porque las familias malagueñas no pueden aguantar más", y ha indicado que estos impagos no son por falta de dotación, puesto que en otras provincias ya se abonaron estas ayudas del periodo de 2017 en otoño.

Además, desde Podemos han ofrecido su sede en Málaga, en la plaza Diego Vázquez Otero, los viernes en horario de 11.00 a 13.00 horas para poder denunciar estos retrasos abusivos a la hora de pagar estas ayudas a las familias afectadas en la provincia y ponerlo en conocimiento del Gobierno andaluz y del Defensor del Pueblo.

Asimismo, desde Podemos y desde Adelante Andalucía se ven estas medidas como "insuficientes", ya que el precio máximo del alquiler para poder optar a la ayuda es de 600 euros mensuales, cuando la renta media al mes en la provincia de un piso de tres habitaciones es de más de 800 euros, y sólo cubre un 40 por ciento como máximo.

Igualmente, han abogado por tomar medidas de verdad para cambiar la grave situación de la vivienda, como regular los precios máximos de los alquileres y construir un parque público de viviendas que esté dedicado al alquiler social.